–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado reiteró en las últimas horas su rechazo al plebiscito que se propone realizar el gobierno nacional para refrendar los acuerdos con las Farc en la Habana y sostuvo que es «una farsa» porque el pueblo va a votar, pero no va a decidir absolutamente nada.

«El presidente Santos dice que el pueblo va a tener la última palabra y es cierto. El pueblo va a hablar de último frente a los acuerdos de La Habana. El pueblo va a votar, pero no va a decidir absolutamente nada (…), afirmó Ordonez Maldonado en el marco de una audiencia sobre el tema realizada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, simultáneamente a la desarrollada por la Corte Constitucional.

«Hoy el presidente Santos y el comisionado Jaramillo perdieron la vergüenza, dijeron que la refrendación es una concesión graciosa, que podría existir o no, si la Corte Constitucional lo permitía”, advirtió Ordoñez Maldonado, quien advirtió que el plebiscito es «autoritario» y «no es democratico».

El jefe del ministerio público reiteró que el anunciado “acuerdo especial” entre Gobierno y subversión vulnera el ordenamiento jurídico, atenta contra la Constitución, desplaza al Congreso de la República y excluye una participación real de la sociedad colombiana en el ejercicio de refrendación.

«El denominado ‘blindaje jurídico’ del proceso en La Habana es para defraudar la Constitución. Defraudan el poder del Congreso al despojarlo de sus funciones constituyentes, defraudan al pueblo», aseguró Ordoñez Maldonado.

Explicando los motivos jurídicos por los que el “acuerdo especial” de La Habana no responde a esa condición, ni a la de tratado internacional, y por ende no puede ingresar al bloque de constitucionalidad, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a los congresistas para evitar que sean utilizados en nombre de la búsqueda de la paz.

«No lo permitan. Están siendo instrumentalizados para concretar la defraudación (…) Para conseguir la paz el Gobierno no puede desbordar sus competencias», manifestó.

El procurador de los colombianos pidió igualmente a la sociedad y a la institucionalidad no creer en la retórica usada por el Gobierno para justificar las decisiones que viene tomando en La Habana y las concesiones ofrecidas a una organización terrorista que pretende no ser objeto de una justicia efectiva tras más de medio siglo de cometer crímenes atroces.

«No vengan a decir ahora que las FARC se someten a la institucionalidad. Son la Constitución y el Gobierno los que están sometidos a las FARC. Ahora hacen una Constitución con los que deberían estar en la cárcel», concluyó.

OTRO PUNTO DE VISTA

En la audiencia convocada por la Corte Constitucional para debatir el mismo tema del plebiscito, el Ministerio Público fijo su posición a través de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda Curvelo, quien advirtió que el organismo de control no está en contra de la refrendación popular.

“La Procuraduría General de la Nación es una de las defensoras de la paz en Colombia, tal vez el disentimiento consiste en el mecanismo utilizado, hemos insistido en la refrendación popular”, precisó.

También dijo: “No estamos en contra de la paz, eso sería absurdo, y mucho menos de los procesos de diálogo, si no que hemos hecho algunas manifestaciones relativas a cómo debería blindarse y cumplirse ese acuerdo final”.

De igual forma, la viceprocuradora Castañeda Curvelo precisó que existen reparos al proyecto de Ley que se discute, entre otros que “el plebiscito para la paz, como está en el proyecto de Ley Estatutaria, no es idóneo, ya que consagra efectos normativos que no son propios de este mecanismo de participación ciudadana”, aclarando la funcionaria que esto “implica una gran reducción de las medidas que serían necesarias para proteger la libertad del elector y el principio democrático”.

La viceprocuradora planteó algunas falencias en el proyecto de Ley, entre las que preocupan, que esa propuesta reduce la participación del Congreso de la República, dado que el silencio de los senadores se entendería como una aceptación tácita a favor de la realización del plebiscito; y, que mientras que la actual normatividad estipula que para estos casos se requiere del concepto favorable del Senado de la República, el proyecto de Ley en cuestión, señala que “el plebiscito para la paz se entiende aprobado cuando ninguna de las dos cámaras lo impruebe con la votación de la mayoría de asistentes”.

Sobre el umbral necesario que propone el proyecto de Ley, la doctora Martha Isabel Castañeda afirmó que “la finalidad del plebiscito especial es la de legitimar democráticamente lo que se acuerde en la mesa de negociación en La Habana, no obstante ese objetivo no se cumple cuando se permite que una porción muy pequeña del pueblo colombiano tenga la capacidad de dar esa pretendida legitimidad”.

“La figura utilizada para la paz desborda los efectos constitucionales y estatutarios propios de ese mecanismo de participación al tener efectos normativos y jurídicos sobre los que incluso en este momento no tenemos claridad”, indicó la representante del Ministerio Público.

“Si bien es cierto el acuerdo final de La Habana es sobre la paz, este es la suma de varios acuerdos que tienen contenidos complejos que demandan un análisis cuidadoso y profundo”, expresó la viceprocuradora, agregando que “se pretende someter a votación asuntos trascendentales para el Estado como la redistribución de la tierra, la participación en política y la reparación integral a víctimas, temas que la ciudadanía merece la divulgación y una pedagogía seria y neutral de sus contenidos y alcances”.

Sobre el término de 30 días antes de la realización del plebiscito para la publicación del acuerdo final, dijo que es insuficiente y señaló que se requiere que se de un espacio de deliberación real, en el que la ciudadanía pueda conocer el contenido de lo pactado y al mismo tiempo tengan la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto.

A lo anterior, le sumó que “para el Ministerio Público el texto del acuerdo final no solo se debe publicar antes de las votaciones del plebiscito, sino que además el pueblo y el Congreso de la República debe conocerlo antes de que el legislativo se pronuncie sobre la viabilidad de su convocatoria”.

Finalmente, al viceprocuradora general de la Nación propuso que “la Registraduría también puede, junto con el gobierno, asumir el liderazgo de la divulgación del acuerdo final, por ser un ente autónomo e independiente dentro de la estructura del Estado, garantizando la neutralidad que necesitan los colombianos para formarse su propio criterio sobre el asunto”.