Según lo informaron las autoridades de la capital de Atlántico, entre las acciones que se llevan a cabo para contrarrestar la amenaza por el paro armado ilegal decretado por la banda criminal de Los Urabenos, se encuentran el incremento del número de agentes de Policía, quienes adelantan las tareas de patrullaje conjunto entre los efectivos del Ejército.

La idea es que en Santa Marta se establezca la vigilancia por cuadrantes en ciertas zonas críticas, con el objeto de hacer preventivo el accionar de los organismos de seguridad.

En el mismo sentido, se adoptarán las acciones que sean del caso para instaurar la prohibición en el porte de armas de fuego, para que sean los miembros de las Fuerzas Armadas quienes conserven el monopolio de estas.

Otra propuesta que tuvo acogida, es la concerniente a la instauración de los frentes de convivencia y seguridad ciudadana que acompañen la labor de la fuerza pública, de tal manera que los ciudadanos adopten la cultura de denunciar e informar para construir confianza.

Los asistentes al consejo de seguridad coincidieron en la definición de un centro de operaciones desde donde se atiendan las llamadas de denuncia de la población, con el fin de acopiarlas, sistematizarlas y reservarlas para los procedimientos judiciales que sean del caso.

El centro de operaciones sería respaldado por una serie de ayudas tecnológicas, tal es el caso de las cámaras de vigilancia ubicadas en distintos puntos de la ciudad; y aquellas de las que disponen las empresas privadas.

Con estos anuncios, las autoridades de Santa Marta pretenden hacerle frente a situaciones como la parálisis del transporte y el cierre del comercio que vivió la ciudad por efecto de la acción de los delincuentes.

las medidas fueron anunciadas tras el consejo de seguridad llevado a cabo en la Alcaldía de Santa Marta la tarde de este jueves, presidido por Carlos Eduardo Caicedo Omar, Alcalde de Santa Marta; Luis Miguel Cotes Habeych, Gobernador del Magdalena; el Coronel Oswaldo Peña Bermeo, Comandante de la Segunda Brigada; el Coronel Leonardo Caro Cancelado, Comandante del Batallón Córdova; el Coronel Wilson Borja Calderón, Comandante de Policía en el Magdalena; acordaron actuar unidos y de forma articulada.

A ellos se sumaron los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial, los representantes de los transportadores, los de la Unión de Comerciantes, la Federación Colombiana de Comerciantes, Cámara de Comercio y de las organizaciones de prensa.