La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el juez 38 Penal del Circuito de Bogotá que anule la sentencia en contra de los contratistas, Miguel, Manuel, y Guido Alberto Nule; también de su socio Mauricio Galofre Amin, proferida el pasado 15 de diciembre de 2011, indicando que para las sentencias se desconoció el marco de la imputación en cuanto a las circunstancias de mayor punibilidad.

Los procesados se allanaron a los cargos de peculado por apropiación en concurso homogéneo sucesivo, por lo que los primos Nule recibieron una condena de 90 meses de prisión, mientras que Galofre fue sentenciado a 72 meses.

De acuerdo con el Ministerio Público, busca que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decrete principalmente la anulación del fallo de primer grado, se asegura que se vulneraron garantías procesales. De manera subsidiaria, el ente de control solicitó que se incremente el quantum punitivo, es decir, las circunstancias relacionadas y la mayor punibilidad existentes en este caso, que no fueron tenidas en cuenta por el funcionario de instancia.

En el análisis de la Procuraduría, se advierte que el fallo fue ilegal, al haberse aprobado el allanamiento a cargos que beneficiaban a los Nule y Galofre, sin que estos hubieran reintegrado el valor de lo apropiado y con lo cual fueron condenados a una pena que no corresponde a una sanción digna y proporcional al daño causado.

Igualmente, se solicita al Tribunal Superior que al resolver el recurso se proceda a restablecer el fallo en el sentido de incrementar la sanción atendiendo dichas circunstancias de mayor punibilidad imputadas por la Fiscalía General de la Nación, dentro de las que están el haber actuado en la actividad ilícita en coparticipación criminal y aprovechando la posición distinguida que los sentenciados ocupaban en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder u oficio como empresarios de la construcción que los hiciera merecedores de ser beneficiarios para adjudicarles varios contratos.

Con la anterior petición, la PGN busca el restablecimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y la defensa de las garantías fundamentales dentro de la actuación, expresando su inconformidad frente a una decisión judicial que no corresponde a la función de la pena y de lucha jurídica contra la criminalidad de cuello blanco que afecta los intereses del Estado y de la ciudadanía.