Las directivas de la empresa palmicultora, afectada por la sanción interpuesta por el Ministerio de trabajo, impondrán recurso de apelación, según lo manifestó León Darío Uribe, Gerente General de Oleaginosas Las Brisas, en Santander.

La acción será interpuesta – según dijo – porque «el Ministerio de Trabajo está desinformado sobre cómo la empresa contrata a sus empleados y por ende interpondrán recursos de apelación en contra del Ministerio».

De acuerdo a lo dicho por Uribe, la multa interpuesta por haber incurrido en intermediación laboral y violación del régimen de riesgos profesionales, fue utilizada por el Ministerio de Trabajo como «un escarnio público o chivo expiatorio», para dar a conocer al país que si se está trabajando.

Cabe recordar, que a finales del año pasado unos 700 trabajadores realizaron un paro en Puerto Wilches en protesta por las malas condiciones laborales a los cuales estaban siendo sometidos por parte de las cooperativas de trabajo.

La multa
El Ministerio de Trabajo multó con 2 mil 226 millones de pesos a la empresa Oleaginosas Las Brisas; y 9 mil 435 millones de pesos a cinco cooperativas y una empresa temporal, por contratación irregular de trabajadores.

De acuerdo con el ministro de trabajo, Rafael Pardo, en la inspección se encontró que la empresa cotizaba prestaciones sociales a 514 empleados por debajo del salario que devengaban.

Además, reveló que la empresa temporal mantenía a los trabajadores en labores misionales permanentes, hecho que viola la ley que da vía libre a este tipo de empresas.

Según el ministro esta es la primera vez que se aplica una sanción de este tipo por intermediación laboral, figura que está prohibida en la ley.

De la misma manera, el alto funcionario dijo que ya se informó a la Superintendencia de Economía Solidaria para que disuelva y liquiden las cooperativas sancionadas.

Pardo explicó que la sanción se reducirá en un 20 por ciento por cada año que contrate a los trabajadores y se disminuirá el 100% si los directivos de la empresa se comprometen a incluirlos en nómina por mínimo cinco años a la totalidad de trabajadores.

La investigación fue realizada en el municipio de Puerto Wilches, Santander luego de las denuncias entabladas por los mismos trabajadores, quienes se quejaron de las condiciones laborales a los que estaban siendo sometidos.