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Procuraduría destituyó a 9 funcionarios por ‘chuzadas’ a la Corte Suprema de Justicia

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhibió a cinco exintegrantes del DAS, a uno de la Policía Nacional y a tres de la Corte Suprema de Justicia, por interceptaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia

De acuerdo al fallo, las personas implicadas interceptaron conversaciones privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin disponer de autorización legal para ello.

Durante el desarrollo de la audiencia pública disciplinaria, el Ministerio Público demostró que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se conformó una red de fuentes humanas para acceder a información del círculo personal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y recopilar documentos internos del Alto Tribunal relacionados con procesos por ‘parapolítica’ y ‘farcpolítica’.

Las labores de seguimiento se produjeron durante los años 2007, 2008 y 2009, y tenían el propósito de recoger información para adelantar una labor de desprestigio en contra de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría impuso la máxima sanción disciplinaria, destitución e inhabilidad por el término de 20 años, al señor William Gabriel Romero Sánchez, subdirector de Fuentes Humanas del DAS, y a la señora Alba Luz Flórez Gélvez, detective que para la época de los hechos investigados se desempeñó como agente de control dentro de la misión de trabajo denominada “Escalera”.

A juicio del Órgano de Control, estos servidores incurrieron en falta disciplinaria por obtener información de la vida personal y familiar de los magistrados “con clara invasión ilegal, indebida y arbitraria de su vida íntima sin ningún propósito debidamente soportado”, violar la reserva de información de carácter reservado, ejercer actividades con desvío de sus funciones, incremento injustificado de su patrimonio e incurrir en conductas tipificadas como delito.

Así mismo, sancionó con destitución e inhabilidad de 20 años a Manuel Steguer Pinzón Casallas, citador y conductor de la Corte Suprema de Justicia; al intendente José David García Fernández, escolta adscrito a la Corte Suprema de Justicia; y Blanca Yanneth Maldonado López, auxiliar de servicios generales de la Corte Suprema de Justicia, y destitución e inhabilidad de 10 años a María Lisandrina Torres Bejarano, auxiliar de servicios generales de la Corte Suprema de Justicia, por su responsabilidad en la obtención de la información en calidad de fuentes humanas.

Para el Ministerio Público, estos servidores incurrieron en falta disciplinaria por invadir la órbita de la intimidad de los magistrados, violar la reserva de informaciones e incrementar injustificadamente su patrimonio al recibir pagos por la información que recogieron.