Con el fin de iniciar la labor de judicialización de procesos en el marco de la ley de víctimas, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura creó 22 jueces y 15 magistrados dedicados a la restitución de tierras.

El nombramiento se dio en momentos en que se han incrementado las amenazas realizadas a campesinos en varios departamentos del país, por parte del denominado ejército anti-restitución que pretende ser uno obstáculo para el proceso en el país.

Por esta razón, el organismo expresó preocupación por la seguridad de los jueces, aunque la Policía Nacional y el propio Consejo Superior ya han dispuesto las medidas para proteger a los jueces.

En cuanto al costo de los nuevos jueces, reveló la judicatura que es de 38 mil millones de pesos.