Por los daños y perjuicios causados por las dos sanciones disciplinarias aplicadas por la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso por el carrusel de la contratación, la exdirectora del IDU Liliana Pardo presentó una demanda ante la Nación.

La exfuncionaria pidió una reparación económica de 725 millones de pesos por los fallos emitidos en el caso de las irregularidades del denominado carrusel de contratos de la capital de la República.

Por estos hechos, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. Además el Ministerio Público la suspendió por un periodo de 11 años por haber omitido sus funciones de vigilancia y control sobre sus subalternos y la revisión de los procesos de contratación celebrados entre los años 2007 y 2008.

Contra la exfuncionaria, hay una investigación penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, el delito de interés indebido en la celebración de contratos por el escándalo de la contratación en Bogotá.