El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, aseguró que las personas que están realizando las protestas en El Quimbo, buscando bloquear los trabajos para una hidroeléctrica, no son campesinos de la zona, sino que son estudiantes de otros lugares, que están allí obedeciendo a “intereses oscuros”.

Las declaraciones del titular de cartera se dan luego de que un grupo de al menos 100 personas se enfrentara con la Fuerza Pública el sábado, luego de ingresar a las instalaciones de la empresa Emgesa, e inmovilizaran la maquinaria, lo que produjo la reacción de antimotines de la Policía, que tuvo que enfrentarse con los manifestantes.

Por su parte, el Presidente Juan Manuel Santos afirmó que el Gobierno Nacional no va a permitir que algunas personas con intenciones políticas bloqueen la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila.

“Dentro de ese principio (de autoridad), los que van a bloquear un proyecto tan importante para el país, pues no lo vamos a permitir”, aseguró el Jefe de Estado en el Acuerdo para la Prosperidad que realizó en Barranquilla.

Minutos antes el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, había denunciado que las personas que están realizando las protestas y que pretenden impedir el normal desarrollo de la obra no son campesinos de la zona, sino que son estudiantes de otros lugares que están allí realizando esas manifestaciones obedeciendo a “intereses oscuros”.

“Ese proyecto lo necesita el país, es energía limpia, es energía hidroeléctrica. Si queremos seguir desarrollándonos necesitamos de esa energía”, puntualizó Santos Calderón, al reiterar que el proceso se ha hecho con todo el cuidado y durante mucho tiempo, garantizando el respeto de todas las normas ambientales y de compensación a las personas afectadas, para que tenga un impacto positivo.

En la mañana del sábado, habitantes de al menos 10 municipios se unieron a las marchas, que buscan frenar el proyecto, presupuestado en 830 millones de dólares, y que obliga a la reubicación de 450 familias, unas 1.800 personas.

Los municipios afectados señalan que el proyecto causará serios daños ambientales en la región.