El Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio de su Dirección de Justicia Transicional, instaló este lunes el primer Taller sobre la Ley de Víctimas dirigido a personeros municipales y entidades territoriales, que tuvo lugar en Rionegro, Antioquia.

El evento, que se realizó en coordinación con la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; reunió a los 23 personeros del Oriente antioqueño y a más de 100 funcionarios de las alcaldías locales.

Miguel Samper Strouss, director de Justicia Transicional de la mencionada cartera, les presentó a los asistentes las obligaciones de las entidades territoriales contenidas en la Ley 1448 de 2011 y relacionadas con la asistencia en salud y el acceso prioritario a la educación para las víctimas del conflicto armado.

Además, recalcó la tarea de los personeros en la creación de las mesas de participación de las víctimas.

«Tienen que conformar, por medio de las personerías, las mesas de participación de víctimas. Las personerías cumplen esos dos papeles: recibir las declaraciones de las personas que quieran registrase para recibir los beneficios de la Ley de Víctimas y también hacer la secretaría técnica de las mesas de participación», afirmó el alto funcionario.

«Las reuniones de estas mesas van a ser temáticas. No es un espacio para presentar quejas y reclamos, sino para discutir determinados temas y determinadas políticas», agregó.

Serán las víctimas, en estas mesas, quienes elegirán a sus representantes ante los comités de Justicia Transicional para participar en los espacios de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital.

Por su parte, Gabriel Jaime Bustamante, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, atención a víctimas y reintegración, de la Gobernación de Antioquia, sostuvo que «la voluntad de la Gobernación de trabajar en la implementación de la Ley de Víctimas no servirá de nada si no se involucra al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales».

«La mayoría de las obligaciones están en las alcaldías y gobernaciones, eso significa que tiene que haber una gran articulación, formación y capacitación de quienes representan al ministerio público, de los funcionarios y de las víctimas», indicó Bustamante.

La próxima semana se realizará este mismo taller en el Bajo Cauca antioqueño.