La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal a nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el denominado ‘carrusel de pensiones’.

Según se conoció, los magistrados llamados a rendir cuentas son : Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.

El órgano de control, además, ordenó el embargo de los bienes de los magistrados como medida cautelar.

La contralora General de la República, Sandra Morelli, afirmó nuevamente que tiene competencia para realizar la investigación, en contravía a lo que ha afirmado la Comisión de Acusación de la Cámara, organismo con el cual hay una colisión de competencias.

La funcionaria dijo que tiene claridad sobre el papel de la Contraloría en la Investigación, pero que de igual manera está dispuesta a acatar lo que diga el Consejo de Estado, el cual es la autoridad competente para decidir cuál es el organismo que debe adelantar la indagación y eventualmente sancionar a los magistrados.

“Me llama poderosamente la atención que nadie quiera que la Contraloría lo investigue porque en realidad nosotros aplicamos el debido proceso y en todos los casos queremos ser garantistas”, aseguró.

La contraloría estableció que en el Consejo Superior de la Judicatura se hicieron por lo menos 70 nombramientos de magistrados auxiliares, que luego de un pequeño tiempo de servicio resultaron devengando millonarias pensiones.

Una vez conocida la decisión, la magistrada María Mercedes López manifestó que «aunque no tiene responsabilidad alguna en el llamado Carrusel de Pensiones en la Judicatura, respeta y acata plenamente las determinaciones del órgano de control, en el convencimiento de que su actuación quedará plenamente aclarada».