La Corte Suprema de Justicia rechazó el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el denominado ‘carrusel de las pensiones’.

Según el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, estos señalamientos buscan desprestigiar y presionar las decisiones trascendentales que se están estudiando en la actualidad.

El magistrado denunció la existencia de una campaña “sistemática y generalizada” que busca desprestigiar a los integrantes de las cortes para “amedrantar o intimidar a los magistrados”.

“Lo que existe es una campaña sistemática y generalizada de desacreditación y desprestigio de las Cortes, que puede estar dirigida a querer amedrantar o intimidar a la Corte Constitucional toda vez que tiene en estudio un tema relacionado con pensiones e igualmente está en el Congreso el tema de reforma a la administración de justicia”, afirmó el presidente de la Sala Penal.

De acuerdo a Bustos, las acusaciones están hechas sin pruebas documentales que corroboren la participación de magistrados en las irregularidades que ha denunciado la Contraloría General.

El magistrado dijo que el organismo realizará las respectivas investigaciones con el fin de determinar quién o quiénes están detrás de los señalamientos para proceder a denunciarlo por el delito de calumnia.

Este miércoles la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal a nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el denominado ‘carrusel de pensiones’.

Según se conoció, los magistrados llamados a rendir cuentas son : Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.