La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, sancionó en primera instancia a cuatro servidores públicos del Consejo de Estado y a una funcionaria de la Procuraduría, entre otras conductas, por el suministro de información reservada de procesos que se encontraban en curso en estos organismos.

Entre los sancionados se encuentran el auxiliar judicial III de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Carlos Arturo Fernández Trujillo, y el escribiente de la Sección primera de la misma corporación, Edilberto Samuel Casas Rojas, quienes se destituyen e inhabilitan por 15 y 14 años respectivamente, por haber suministrado información reservada en los casos de los diputados de la Guajira y Corpoguajira. Al señor Fernández Trujillo se le sanciona además por haber incurrido objetivamente en la descripción típica del delito de concusión, en el caso de la pensión gracia del señor Harry Díaz.

De otra parte, se destituye e inhabilita por 13 años a la funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, Esmeralda Muñoz Collazos, por el suministro de información reservada del proceso relacionado con el gobernador de la Guajira, a cargo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.

En este fallo de primera instancia se sanciona además con suspensión e inhabilidad por 4 meses al secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Virgilio Almanza Ocampo, por haber permitido que el señor Carlos Arturo Fernández Trujillo continuara desempeñando funciones que le facilitaban la comisión de actos contrarios a sus deberes oficiales, con posterioridad a la fecha en que fueron de público conocimiento los hechos irregulares en los cuales se veía involucrado el señor Fernández Trujillo.

En el caso del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Mayfren Padilla Téllez, se sanciona con suspensión e inhabilidad por 4 meses por el incumplimiento del deber de efectuar declaración juramentada de bienes y rentas, habiéndose presentado una variación significativa en su patrimonio durante el año 2009, por la adquisición de un bien relacionado dentro de las interceptaciones que obran en el proceso.

Las faltas disciplinarias están relacionadas con hechos irregulares al interior del Consejo de Estado y de la misma Procuraduría General de la Nación, puestos en conocimiento de la ciudadanía por los medios de comunicación.