El Consejo de Estado ratificó la condena en contra del Estado por el asesinato del diputado de la Unión Patriótica, José García Orozco, ocurrida el 26 de noviembre de 1992 en Villavicencio, Meta.

De acuerdo al alto tribunal, de manera inexplicable la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa retiraron los escoltas al diputado, pese a las amenazas que existían en su contra.

Según el fallo, estos organismos sí son culpables por omitir las medidas de protección al dirigente político, el cual había recibido amenazas por parte de grupos armados ilegales.

La decisión judicial afirma que el diputado “Enfrentaba una situación especial de riesgo y que, por tal motivo, requería que se adoptaran medidas especiales para proteger su vida y su integridad personal”.

El alto tribunal afirma que hubo omisión por parte de los organismos de seguridad del Estado, debido a que nos e tomaron las medidas necesarias, a sabiendas que unos meses atrás la esposa de Orozco, también perteneciente a la UP, había sido asesinada.

“La persecución y asesinato de los miembros de la UP es un hecho suficientemente conocido y documentado (…) existen diversas fuentes escritas que confirman que los atentados, intimidaciones y seguimientos contra sus militantes no constituyen hechos aislados sino que hicieron parte de un plan sistemático de exterminio”, se aclara.

Por estos hechos, el Estado tendrá que pagar una multa a las cuatro hijas de la pareja de un poco más de 673 millones de pesos.