El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, reiteró que la definición de competencias proferida ayer por el Consejo de Estado en el tema del juzgamiento fiscal de funcionarios aforados, a favor de la Contraloría General de la República, es de obligatorio cumplimiento y no un simple dictamen u opinión de este Tribunal.

El Ministro se pronunció tras la advertencia de la Cámara de Acusaciones de que no devolverá los procesos contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura a la Contraloría, por considerar que la providencia del Consejo de Estado no es de carácter obligante.

“Me resisto a creer que haya organismos de esa envergadura que no tengan claro lo que dice la ley y la obligación que tienen de darle cumplimiento a la ley. Está perfectamente claro, más allá de toda duda, que aquí lo que hubo no fue una consulta que le hubiera elevado el Gobierno al Consejo de Estado para que el diera un dictamen no obligatorio, lo que sí hubo fue una solicitud de definición de competencias administrativas. Subrayo solicitud y subrayo sobretodo definición de competencias administrativa”, aseveró Esguerra.

Y agregó el alto funcionario, “de manera que ese no es ni un dictamen, ni una opinión ni un concepto del Consejo de Estado, es una definición con todo lo que ello comporta en materia de determinación por un cuerpo jurisdiccional como la Sala de consulta del Consejo de Estado para esos menesteres. Eso es lo que dice la ley”.

El jefe de la cartera de justicia entregó estas declaraciones, al término de la sesión de este martes en la Comisión Primera del Senado, donde se avanzó en la discusión del proyecto de reforma constitucional a la justicia que cursa su quinto debate en esta célula legislativa.

La sesión de este martes 17, estuvo marcada por el regreso a la discusión de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal Eduardo Montealegre quien presentó ante los senadores varias propuestas para incluir en el texto en estudio. El Ministro Esguerra declaró que estas serán analizadas con detenimiento. “Quiero mirarla con cuidado. En principio hay algunas de esas proposiciones con las que podríamos estar de acuerdo, otras con las que estoy en desacuerdo, pero quiero mirarlas con cuidado antes de que mañana venga la hora definitiva de la presentación y votación de las ponencias y proposiciones alternativas”.

También concurrió al debate el magistrado Gustavo Gómez, Presidente del Consejo de Estado, quien reconoció que este Tribunal ha seguido dialogando sobre el contenido del texto con congresistas y Partidos políticos y aseguró que si la Sala Plena de esta Corporación lo aprueba, estará gustoso de seguir participando en los debates por venir en el Congreso. «Es un deber jurídico que nos asiste a los servidores del Estado», aseveró.