La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 20 años a al excontralor de Guaviere, Víctor Manuel Soto Muñoz y a Jesús Antonio Suárez Reyes, exjefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, al considerar que los exfuncionarios habrían incurrido en el delito de concusión.
Soto Muñoz fue capturado en flagrancia el 15 de mayo de 2007, cuando recibía del entonces gobernador de ese departamento José Alberto Pérez Restrepo, la suma de treinta y siete millones de pesos ($37.000.000.oo), producto de sus exigencias a cambio de no iniciar o suspender o fallar en su favor, las investigaciones fiscales relacionadas con contratos suscritos por el departamento.
Con este proceder los investigados fueron condenados, en fallo que fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a la pena de 78 meses de prisión y multa equivalente a 59 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para el Ministerio Público, la conducta en que incurrieron Soto Muñoz y Suárez Reyes generó perturbación en el servicio público de control fiscal del departamento del Guaviare, al desviar en forma ilícita las funciones de su cargo para obtener propósitos censurables, los investigados dejaron de aplicar el control fiscal sobre los actos de la administración departamental que se les había confiado.
Así mismo, señaló que la captura del excontralor en situación de flagrancia, generó un escándalo de corrupción administrativa que a nivel local y nacional comunicó un negativo mensaje a la ciudadanía en general, el cual contribuyó desfavorablemente en la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Al proferir la decisión de primera instancia el Órgano de Control advirtió que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
