A través de una carta, enviada al secretario de Educación Distrital, la Contraloría de Bogotá, se pronunció sobre el proceso de contratación para refrigerios escolares, que busca beneficiar a 477.000 niños, estudiantes de los colegios públicos, por valor aproximado de 80 mil millones de pesos.

Según el Contralor Distrital, Diego Ardila Medina, en este proceso no se incluyen los poderes exorbitantes de la administración en materia contractual, como son imposición de multas, interpretación y terminación unilateral y la caducidad, conforme al artículo 14 y siguientes del Estatuto de Contratación Pública, poniéndose en igualdad de condiciones a la Secretaría de Educación y a los contratistas, convirtiendo un servicio de crucial relevancia social, como lo es la alimentación y nutrición de los niños, en un mero acto mercantil.

Para la Contraloría de Bogotá, es preocupante que la entidad privada (Bolsa Mercantil), terminará convirtiéndose en la autoridad que define las medidas y acciones ante un incumplimiento contractual, imposibilitando el uso de herramientas legales y efectivas por parte de la Secretaría, para lograr que la ejecución contractual se traduzca en el cumplimiento de las políticas alimentarias y nutricionales de los niños del Distrito Capital.

Por tal motivo, el organismo de control advierte a la entidad, de que la selección de la modalidad de los procesos contractuales debe obedecer a un estudio juicioso que desarrolle los fines propios del Estado y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y no como mecanismo para suplir las carencias de planeación en la continuidad de los servicios.