La Corte Constitucional tumbó la norma del Gobierno que ampliaba los periodos para los directores de las Corporaciones Autònomas Regionales, CAR.

De acuerdo al alto Tribunal, sólo el Congreso podía modificar el periodo por lo que consideró que el Gobierno desbordó las facultades conferidas al presidente de la República para modernizar el Estado.

El procurador general Alejandro Ordoñez, había solicitado declarar inexequible la norma que fue dictada en decreto 3565 del 2011.

Para el ministerio público, el Jefe de Estado no podía modificar los períodos de los directores de las corporaciones por estar ya determinado en la ley.