La Contraloría de Bogotá hizo un llamado al alcalde Mayor de la ciudad, Gustavo Petro, para que el Distrito implemente un plan de contingencia para salvaguardar los 224.000 millones de pesos que el Distrito Capital ha desembolsado para el pago de estudios, diseños y compra de predios con destino a la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y los más de 80 mil millones de pesos invertidos por el Gobierno Nacional en este proyecto.

Para el organismo de control es claro que de no ejecutarse un plan de contingencia, que favorezca una gestión integrada entre la Administración y los diferentes entes estatales y autoridades judiciales y policivas respectivas, para la protección y recuperación de los predios adquiridos en desarrollo del proyecto (así como los que se encuentran pendientes de adquirir), se coloca en riesgo no sólo los recursos invertidos hasta la fecha, sino el desarrollo planificado de la obra vial.

Según la Contraloría, ese organismo conoce que el proyecto desde su inicio ha enfrentado posiciones especialmente por el impacto ambiental; no obstante la existencia de estos riesgos al patrimonio natural, el ente de control precisó que desde hace más de 12 años el proyecto cuenta con una Licencia Ambiental Única otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) al IDU.

De acuerdo con el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, la entidad ha estado atenta al desarrollo de este proyecto, como quiera que la Nación, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca han encontrado en su ejecución una alternativa para los graves problemas de movilidad de la capital, en el entendido que los conceptos de desarrollo y sostenibilidad ambiental no se contraponen.

El Distrito por medio del IDU ha invertido, entre 1996 y 2011, más de $224 millones de pesos ($224.048.922.509), que se discriminan así:

En este momento se presenta una parálisis en la ejecución de la ALO, pues de acuerdo con el IDU no se desarrollan ni actividades ni se ejecutan contratos. En el año 1998, según estudios de Planeación Distrital, su construcción le costaba al Distrito 645.000 millones de pesos (precios año 2000); actualmente, y según aproximaciones efectuadas por la Contraloría de Bogotá, la ejecución de la obra estaría por cerca de los 2 billones de pesos, sin que aún esté definida su financiación.

Después de 32 años de concebido el proyecto, la adquisición de predios requeridos para su ejecución no ha tenido el avance necesario, dado que de un total de 1.109 predios, a la fecha se han adquirido 403 (36%) con una inversión de $198.000 millones, quedando aun pendientes 706 (64%), con el agravante que algunos de ellos ya se encuentran desarrollados urbanísticamente y cinco son objeto de procesos de restitución por parte de las Alcaldías Locales.

Con relación a los procesos de restitución de los cinco predios que se citan a continuación, si bien es cierto ya habían sido adquiridos para el trazado de la ALO, también lo es que los mismos han sido objeto de ocupaciones por la falta de control del IDU, teniendo en cuenta que estos predios son susceptibles de ser invadidos:

* Predio de la Transversal 93 No. 52- 21
* Predio Avenida Cundinamarca por las Calles 69 Y 71 A
* Predio Av. Carrera 96 No. 71 A 45
* Predio Transversal 96 No. 65 – 12
* Predio Carrera 96 No. 71 C 21

Dentro del área requerida para la construcción de la ALO, se encuentran 216 inmuebles con un área aproximada de 26.635,29 m2, que son propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cuales actualmente y en su mayoría se encuentran invadidos por desarrollos de origen subnormal y ocupados por familias dedicadas al reciclaje, situación propiciada por la falta de vigilancia y mantenimiento de la EAAB.

En este sentido, la EAAB presentó querellas en la Alcaldía Local de Kennedy, contra personas indeterminadas para que se proceda a la restitución de estos inmuebles destinados al uso público. A la fecha, no han concluido los correspondientes procesos administrativos.

A la Contraloría de Bogotá le preocupa que el Distrito no haya efectuado los ajustes normativos necesarios para que los propietarios de predios con reservas viales tengan limitaciones en materia de desarrollo urbanístico, de tal manera que los curadores urbanos no procedan en dichos casos al licenciamiento urbanístico y los Alcaldes Locales ejerzan igualmente la vigilancia de las obras que se pretendan construir de manera ilegal.

De esta manera, el ente fiscalizador considera que si no se toman oportunamente medidas administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y ambientales, los proyectos de grandes obras se tornarán inviables, pues se posibilita que quienes anticipadamente conozcan de ellos, resulten ser los beneficiarios de los mayores valores de la propiedad raíz, por efecto de las acciones urbanísticas que incrementan el aprovechamiento del suelo.

Por esta razón, el Contralor Diego Ardila solicitó al Alcalde Mayor informar en un término de 10 días hábiles, sobre las acciones que implementará para resolver la problemática existente relacionada con la continuidad del proyecto de construcción de la ALO.