Judicial

Por alumnos fantasmas, Procuraduría inicia proceso verbal contra exalcaldesa de Turbo, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la Sandra María Puerta Mesa, en su condición de alcaldesa del municipio de Turbo (Antioquia) por posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) asignados a ese municipio para financiar la gratuidad de la educación en la vigencia 2011.

El procedimiento verbal se realizará el próximo 20 de junio de 2012 a las 9:00 de la mañana en el despacho del Procurador Provincial de Apartadó.

Se investiga a Puerta Mesa por que al parecer habría suscrito el año anterior tres contratos diferentes para la escolarización de un total de 2975 estudiantes, sin tener en cuenta, el estudio de insuficiencia de su municipio para el 2011, que indicaba que los establecimientos educativos oficiales existentes sí tenían la capacidad para cubrir la demanda educativa de Turbo (Antioquia) y que por consiguiente no se hacía necesaria la contratación.

En ese sentido, señala el Ministerio Público que la investigada “pudo utilizar, indebidamente, los recursos que el Ministerio le giró al municipio de Turbo del SGP, para la atención de la gratuidad de la educación, ya que los establecimientos oficiales, se insiste, podían atender los cupos escolares existentes y que requería el ente territorial”.

En el marco de este proceso disciplinario, se busca establecer si la señora Puerta Mesa, como mandataria municipal y ordenadora del gasto, habría permitido que se reportara al Sistema de Matrículas de la Educación Básica y Media (SIMAT) una población de 52.963 estudiantes que serían atendidos en la vigencia 2011 con recursos del SGP, cifra que al parecer sería inexacta de acuerdo con el informe de auditoría del Ministerio de Educación Nacional que registra sólo 42.257 educandos. En consecuencia, se habrían girado recursos para atender más de 10 mil alumnos que se podrían calificar como inexistentes o “fantasmas”.

En desarrollo de esta audiencia pública la investigada podrá exponer libremente las explicaciones que considere necesarias respecto de las conductas endilgadas y así mismo, podrá presentar o solicitar la práctica de pruebas que considere necesarias para su defensa.