La Cámara y el Senado aprobaron la conciliación final de la Reforma a la Justicia, lo cual la convierte en ley de la República.

En el Senado,la votación fue de 60 votos a favor y 16 en contra, mientras que en la Cámara fue 110 votos a favor a 10 en contra.

De esta Reforma, que ha suscitado varias polémicas, se ha denunciado la existencia de tres “micos” que son: se revive la figura de la suspensión a los congresistas, se cambia a quienes nominan a los posibles jueces de los congresistas y se elimina la violación al régimen de inhabilidades para ser electo congresista como causal de pérdida de investidura.

Según explicó el congresista ponente y miembro de la comisión de conciliación, Orlando Velandia, en el primero “El congresista si es investigado por alguna de las causales, el Consejo de Estado puede determinar o bien la suspensión o su pérdida de investidura”.

Las causales serán conflicto de intereses, mal uso de dineros públicos y tráfico de influencias.
Además, se determina que se juzgue al congresista por lo que hizo siendo parlamentario y no por sus acciones antes de serlo.

Para el senador Jorge Robledo (Polo Democrático), con la aprobación de esta iniciativa, los problemas de los ciudadanos con la justicia seguirán sin solución. «Se agravará la privatización y se empeorará la calidad de los fallos».

Por su parte, el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) dejo constancia en la plenaria del Senado sobre la Inconstitucionalidad e inconveniencia para la democracia de la Reforma a la Justicia y la calificó de » antiética», por cuanto los congresistas investigados la votaron y además eliminaron el conflicto de intereses.

A su turno la senadora Gilma Jiménez (Partido Verde) anunció que el Partido Verde dejó en libertad a sus congresistas para votar como quieran el proyecto de reforma a la Justicia. Anunció que la Corte Constitucional será la indicada para analizar su viabilidad constitucional y que no debió tocarse en último minuto el tema de las inhabilidades.

El senador Alexander López anunció que el Polo Democrático de manera unánime votó negativamente esta iniciativa por tres razones: los dos billones anunciados por el Gobierno no resuelve el problema de congestión judicial; con la entrega de responsabilidades judiciales a notarios y abogados se estaría privatizando un servicio público como lo es la justicia y porque los elementos o estructura que permite unos beneficios a los congresistas, no es conveniente.

Finalmente el ministro de Justicia, Juan carlos Esguerra agradeció a los senadores por su colaboración en el fortalecimiento de la iniciativa, en favor de un mejor funcionamiento de la Rama Judicial.
Entre otras modificaciones se destacan la eliminación de la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura. Los Magistrados tendrán un período de 12 años; y notarios y abogados podrán llevar procesos menores.