Las leyes y actos legislativos aprobados en la Legislatura que culmino este miércoles, producto de un trabajo armonioso entre los legisladores y representantes de los distintos ministerios y organismos gubernamentales, tienen un amplio componente social y se constituyen en verdaderas reformas hacia la prosperidad democrática.

Proyectos que van desde una valiosa herramienta que busca contribuir a ponerle fin al prolongado conflicto armado del país, la descongestión en los despachos judiciales, un acceso fácil y real a vivienda para los más pobres, la flexibilización en el pago de deudas de créditos educativos para los jóvenes, la obligación de presentar pruebas de alcoholemia a los conductores irresponsables y aquella otra que garantiza recursos a los cuerpos de bomberos son algunas de las muchas leyes aprobadas.

La calidad y cantidad de iniciativas aprobadas llevó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a calificar de «histórica» la Legislatura que culmina. “Me siento muy orgulloso, después de dos años, de poder decir que trabajamos de la mano con el Congreso en aprobar la Legislatura más reformadora y más progresista de la historia reciente del país”, aseveró.

«No habíamos visto un gobierno, me dicen los historiadores, ni siquiera el del ex presidente (Alfonso) López Pumarejo, que en tan corto tiempo, en dos años, lograra aprobar en el Congreso las reformas constitucionales y legales que impulsó este Gobierno y que avaló este Congreso. Gracias señores senadores y gracias señores representantes por este apoyo”, enfatizó el Mandatario.

Antes, a través de su cuenta de Twitter, Santos también agradeció a su ministro del Interior, Federico Renjifo, por el trabajo desempeñado. “Gracias al Congreso y al ministro Renjifo por aprobación de leyes trascendentales para el país”, señaló el tweet del Presidente.

La mitad de proyectos de origen gubernamental

De julio de 2011 al 20 de junio de 2012, el presidente de la República, Juan Manuel Santos sancionó 62 leyes, de las cuales 23 son de origen gubernamental. 34 iniciativas continúan su trámite en el Congreso de la República, entre ellas el acto legislativo del Fuero Penal Militar, que culminó su primera vuelta.

El proyecto sobre Fuero Penal Militar, busca modificar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional, es una respuesta integral al problema de ausencia de garantías y reglas claras para los miembros de la Fuerza Pública.

Otro acto legislativo que contó con el respaldo del Gobierno Nacional –e, incluso, de la oposición–, fue el Marco Jurídico de Justicia Transicional, del senador Roy Barreras (Partido de la U). Dicho proyecto –aprobado por amplia mayoría el martes– constituye, según explicó el ministro Renjifo en “la herramienta idónea que permitirá a éste o a un próximo Gobierno terminar, cuando las condiciones estén dadas, el conflicto interno armado que vive Colombia”.

Además de estos trascendentales proyectos, el Ejecutivo consiguió la aprobación del proyecto para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, permitiendo la puesta en marcha del acuerdo comercial.

Durante este período legislativo, el Ministerio del Interior impulsó también la aprobación de los proyectos de ley del Sistema General de Bomberos, el cual garantiza la destinación de 50 mil millones de pesos anuales a los cuerpos oficiales, voluntarios y aeronáuticos para la atención de emergencias; y, la reforma al Régimen Municipal, que moderniza la normativa de estos entes territoriales, mejorando sus competencias y funciones. Estas iniciativas pasan ahora a sanción presidencial.

El Estatuto de participación democrática, que culminó también su trámite en el Congreso de la República, pasa a control previo por parte de la Corte Constitucional. Su objetivo es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que los afectan y en la vida política, administrativa, económica, social y cultural.

En el Legislativo continúan su trámite las iniciativas de régimen departamental, distritos, áreas metropolitanas y el proyecto de ley de sociedades de gestión colectiva.

Por su parte, el Ministerio de Justicia sacó adelante tres proyectos de ley que servirán en el propósito trazado por el Gobierno Nacional de descongestionar los despachos judiciales. Se trata del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el Código General del Proceso y el Estatuto de Registro e Instrumentos Públicos. Este último establece unos lineamientos para ordenar los registros de predios urbanos, rurales y baldíos.

En materia de política internacional se aprobaron seis proyectos de ley : acuerdo de cooperación cultural entre Colombia y Argelina; convenio entre Colombia y México para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal; Protocolo adicional de UNASUR; desechos especiales; el protocolo de Bruselas y el convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales hecho en Ginebra.

En cuanto a proyectos macroeconómicos, el ministerio de Hacienda y Crédito Público tramitó la Reglamentación del Sistema General de Regalías, cuyo objetivo es regular la organización y funcionamiento de dicha distribución de recursos a los entes territoriales.

Desde su inicio, el 7 de agosto de 2010, el Congreso de la República ha aprobado 82 iniciativas legislativas presentadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

RESUMEN INICIATIVAS

MARCO JURÍDICO DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Esta modificación a la Constitución Política permite a éste o a un próximo Gobierno terminar, cuando las condiciones estén dadas, el conflicto armado interno. Para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional contenidos en la norma los grupos armados ilegales deben entregar a todos los secuestrados y dejar las armas, ya sea de manera individual o colectiva.

Focaliza la persecución penal de los máximos responsables de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad así como la identificación de las estructurales criminales, garantizando así la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En este sentido, quien o quienes hayan cometido los delitos anteriormente mencionados no podrán participar en política.

SISTEMA GENERAL DE BOMBEROS
Anualmente 50 mil millones de pesos llegarán a las arcas del nuevo Fondo Nacional de Bomberos de Colombia, para mejorar el funcionamiento de los cuerpos oficiales, voluntarios y aeronáuticos de todo el país, gracias a los aportes presupuestales establecidos en esta iniciativa que pasa a sanción presidencial.

Se pondrán en marcha la Escuela Nacional de Bomberos y las Escuelas Regionales, para permitir la profesionalización de los hombres y mujeres que prestan sus servicios a este cuerpo de socorro, la cual contará con sistemas específicos de carrera administrativa para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal.

Se crea además la Dirección Nacional de Bomberos, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrita al ministerio del Interior, cuya sede será en Bogotá.

RÉGIMEN MUNICIPAL
Esta importante iniciativa que modifica la normatividad vigente desde 1986, entrega a los municipios la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales, siempre y cuando no estén conectadas con carreteras nacionales. Los planes de desarrollo formulados por los alcaldes deben estar relacionados con la visión de minorías étnicas, organizaciones comunales y población vulnerable.

Se establecen nuevas facultades para los alcaldes. En el caso de los municipios de categoría especial, primera y segunda los mandatarios tendrán la facultad de restringir el porte de armas a los particulares. En los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría será facultad de los alcaldes promover la convivencia ciudadana y actuar como jefes de policía para, junto a las autoridades, mantener la seguridad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este proyecto de ley estatutaria que está pendiente de la revisión de la Corte Constitucional, tiene como objetivo promover, proteger y garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones que los afectan en la vida política, administrativa, económica, social y cultural.

Gracias a esta nueva norma, las personas podrán hacer parte de la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. También podrán recibir incentivos que buscan reconocer su participación en las decisiones políticas.