“Se evidencian grandes retos que surgen de la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tales como el enfrentar la violencia y garantizar que las entidades del Estado pongan en plena vigencia los derechos consagrados de las víctimas garantizando su cabal cumplimiento”. Con esas palabras, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, instaló este miércoles en la sede central de la Entidad la jornada de reflexión denominada: “El papel de la PGN en la defensa de los derechos de las víctimas y la garantía de los DDHH en Colombia”.

En su intervención, el jefe del Ministerio Público resaltó el esfuerzo que han significado la construcción y aplicación de la Ley 1448 de 2011, a la vez que insistió sobre las preocupaciones de la Procuraduría General de la Nación en esta materia, especialmente en lo referente a la asistencia y reparación digna e integral a las víctimas del conflicto.

El procurador condenó los actos de violencia en contra de líderes en el proceso de restitución de tierras, puntualizando en el asesinato, el pasado viernes, del señor Jairo Martínez, abanderado de un grupo de reclamantes víctimas en el departamento de Sucre.
“Aunque no se ha determinado el móvil del homicidio, desde ya la Procuraduría condena enérgicamente dicho asesinato”, manifestó.

“Resulta entonces razonable hacer un llamado de atención frente al papel fundamental de la recién creada Unidad de Protección, instándola para que diseñe una ruta clara y precisa de cómo va a responder ante este reconocimiento legal y cómo va a enfrentar los embates de los violentos, siendo que entre el año 2007 y lo corrido del año 2012 se han registrado cerca de 60 líderes reclamantes de tierras asesinados”.

Entre los avances logrados en el contexto de Ley 1448 de 2011, el jefe del Ministerio Público resaltó la concertación con las comunidades étnicas las medidas específicas de reparación, bajo una consulta previa a la expedición de la Ley; y la aprobación del documento Conpes que despeja la sostenibilidad fiscal del proyecto.

En desarrollo del evento, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo instalaron formalmente la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional y las comisiones regionales y distritales del Ministerio Público para la misma materia.

Sus tareas son hacer seguimiento a la Ley 1448 de 2011 en sus componentes de atención, prevención, asistencia, protección y reparación; dar aplicación a la Directiva conjunta 004 del 25 de mayo de 2012, por medio de la cual se dictan directrices para la atención de las víctimas del conflicto armado, diligenciamiento del formato único de declaración y seguimiento al desarrollo de la Ley 1448 de 2011; hacer seguimiento a los informes de riesgo, notas de seguimiento y alertas temprana de la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas; hacer seguimiento a las labores de desminado humanitario; y velar por la protección de los archivos de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el nivel territorial.

Finalmente, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, envío un mensaje a todos los actores del Estado y de la sociedad que hacen parte del reto de alcanzar los propósitos establecidos con la Ley 1448 de 2012.

“Estaremos vigilantes, ya que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras constituye una iniciativa que complementa el modelo de Justicia Transicional que se ha venido implementando en nuestro país, específicamente a partir de la Ley 975 de 2005, en donde se pretende que los responsables de violaciones a los Derechos Humanos rindan cuenta de sus actos, satisfaciendo los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, tendientes a la reconciliación nacional y una paz duradera y sostenible”.

La jornada de reflexión “El papel de la PGN en la defensa de los derechos de las víctimas y la garantía de los DDHH en Colombia” se realizó este miércoles en la sede central de la Procuraduría General de la Nación y fue organizada por la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de DDHH y Asuntos Étnicos, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los DDHH y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Entidad.