La Procuraduría General de la Nación informó que destituyó e inhabilitó por 12 años, en fallo de primera instancia, al director general administrativo del Senado de la República, Omar Enrique Velásquez Rodríguez, por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de modernización y sistematización de la Plenaria de la Corporación.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos están relacionados con una licitación pública para el mantenimiento de un sistema automático de software y hardware para apoyar el desarrollo de la Plenaria del Senado de la República.

Al parecer el Funcionario habría faltado a los principios de la contratación estatal por cuanto los pliegos de cargos estuvieron diseñados para favorecer a la unión temporal que resultó adjudicataria del proceso licitatorio.

La Procuraduría estableció que «Velásquez Rodríguez omitió los principios de planeación y economía por cuanto pese a contar, en julio de 2008, con los recursos suficientes para desarrollar el proyecto, dispuso adelantar la licitación pública mencionada únicamente para la compra, adquisición, instalación, implementación y mantenimiento de un sistema automático de software y hardware para apoyar el desarrollo de la Plenaria del Senado de la República, por un valor total de $5.520.000.000, dejando por fuera aspectos relativos a las obras civiles y mobiliario necesarias para la modernización del recinto del Senado».

Posteriormente suscribió dos contratos adicionales con el mismo contratista, el primero por más de 2.600 millones de pesos y el segundo por más de 300 millones de pesos, los cuales tienen objetos contractuales totalmente diferentes en relación con el contrato principal, pues éstos últimos se celebraron para remodelar y adquirir muebles, items que debieron ser incluidos en la licitación o en consecuencia haber acudido a un proceso de selección objetiva para ese caso.

Por lo anterior, el Órgano de Control determinó que el actual director general administrativo del Senado de la República violó, al parecer, el principio de transparencia de la contratación estatal, por haberse adquirido estos insumos y mobiliario omitiendo un procedimiento de selección objetiva que garantizara una verdadera pluralidad de oferentes, como lo es la licitación pública.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación.