–Más de 35 mil millones de pesos deberán pagar el presidente, directivos y contratistas de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por los daños causados a la nación por uno de los tantos derrames de crudo causados por la rotura del oleoducto Caño Limón- Coveñas.

Concretamente el caso tiene que ver con la rotura del tubo ocurrida el 11 de diciembre de 2011, en la finca El Pedregal, de la vereda Cuellar, zona rural del municipio de Chinácota, Norte de Santander, en el kilómetro 231+080, de la línea.

Para resarcir a la nación por los graves daños ambientales causados, la Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal contra el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, el Vicepresidente de Transporte, Álvaro Castañeda Caro; y el Superintendente de Oleoductos Norte y Sur de la Vicepresidencia de Transporte VIT, Gerardo Iván Mesías Rosas, entre otros.

Todos, deberán responder con su propio patrimonio por los daños causados, valorados en 35 mil 154 millones de pesos, exactamente.

En el juicio se establecerá, si en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, los implicados omitieron adelantar acciones que previnieran la rotura del oleoducto Caño Limón Coveñas, causada por un deslizamiento de tierra.

La contraloria señalo que las investigaciones previas permitieron verificar que «“existía información técnica, conocida por los funcionarios de Ecopetrol vinculados en el proceso de Responsabilidad Fiscal, que daba cuenta de la inestabilidad del terreno en el cual se encuentra alojado el tramo de oleoducto podía colapsar».

Según los estudios dados a conocer la rotura del oleoducto afectó un trayecto de recursos naturales en una extensión de 80 kilómetros y un ancho entre los 10 y los 100 metros.

La investigación de la Contraloría advierte que el plan de contingencia que se puso en ejecución para enfrentar la grave emergencia, fue ineficiente, ineficaz, antieconómico y desprovisto de valoración del principio de costos ambientales.
Añade que «las obras desarrolladas para evitar un mayor daño, no cumplieron con el objetivo y fines señalados en dicho plan de contingencia, ocasionando con ello, además de la perdida ambiental, pérdidas significativas al erario público, representado en el número de barriles de petróleo derramado», considera la entidad estatal.

La contraloría advierte que se comprobó que se afectó notoriamente, no solo por la extinción de especies locales autóctonas, sino también de plantas y animales domésticos que se cultivan y crían en la región, generando igualmente la dispersión de enfermedades por varios territorios.