La Contraloría de Bogotá, denunció hoy irregularidades en la contratación directa por parte de la actual Administración Distrital, el ente control señaló que ha detectado «alta incidencia en contratación Directa, especialmente de prestación de servicios», y «mínima a través de licitación pública»

La Contraloría destacó que además a esto se suman «gastos en contratos de prestación de servicios que en nómina general y, deficiencias en el reporte de la información sobre contratación, lo cual conllevó a que este organismo de control enviará un pronunciamiento al Alcalde Mayor, Gustavo Petro».

Según el Contralor Distrital, Diego Ardila Medina, durante los primeros seis meses de 2012 «presenta una alta concentración en la modalidad de contratación directa y contratación de prestación de servicios y un reducido número de procesos licitatorios, invirtiendo así la regla general de contratación mediante licitación pública para concentrar la misma en adjudicaciones directas, máxime cuando la Corte Constitucional ha expresado en múltiples ocasiones la prohibición de esta práctica irregular».

El Funcionario aseguró que el organismo bajo su responsabilidad estableció que el Distrito Capital durante los seis primeros meses de 2012 contrató, incluyendo adiciones, un total de $1.9 billones representados en 53.984 contratos.

Este número de contratos según el organismo de control está distribuido de la siguiente manera:

PRIMERO: La contratación directa, en detrimento de los procesos licitatorios, fue la modalidad más representativa con una participación del 43,7% que equivale a $836.538 millones en 28.045 contratos.
SEGUNDO: Se encuentra la contratación de derecho privado (Empresas Industriales y Comerciales del Estado) con 31% que equivalen $601.153 millones en 20.450 contratos y, TERCERO: Contratación por licitación pública con el 12,1% por $231.615 millones en 121 contratos.

El Contralor Ardila, resaltó que el total de contratación directa ascendió a $836.538 millones; si a este valor adicionamos $601.153 millones que corresponden a contratación efectuada por las normas del derecho privado, en atención a la naturaleza jurídica de la entidad que las suscribe, arrojaría un total de $1,4 billones que se contrataron sin la selección del contratista por medio de licitación pública y que en términos porcentuales equivale al 75.1 % del total de la contratación.

En el comportamiento de los procesos licitatorios reportados por las entidades en SIVICOF, muestra que tan solo se adjudicaron 121 contratos por valor de $231.615 millones, que representa un escaso 12,1% del total de la contratación.

Ardila Medina, señaló que en el período evaluado, que comprende la mitad de una vigencia, tan sólo se hayan suscrito 10 contratos de obra a través de licitación pública por $109.437 millones, en una ciudad que está en construcción y lo más insólito es que de estos 10 contratos, tan sólo uno (1) apunta al tema de infraestructura vial, como lo es el de la construcción de la intersección de la carrera 9ª con calle 94 con recursos que provienen de valorización. Las demás licitaciones estuvieron encaminadas a compra de seguros, parking, adecuación de oficinas administrativas, suministro del servicio de vigilancia entre otras.

COMPORTAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN POR MES Y SECTORES
En el comportamiento de contratación por mes, la Contraloría, evidenció que mayo fue el mes más contratado por la Administración Distrital, con un total de 13.894 contratos, por valor de $416.212 millones, seguido de enero con 10.247 contratos por valor de 394.121.718 y, febrero con 13.378 contratos por 329.836.032.

Así mismo, según el organismo de control, los tres sectores que mayor contratación reportan son: Salud con el 32% por $610 mil millones, Educación 22% por $428 mil millones y Hábitat y Servicios Públicos con el 19,8% por $378 mil millones.

CONTRATACIÓN POR TIPO DE GASTOS
El aplicativo SIVICOF en el reporte de contratación identifica si la misma se afectó por gastos de funcionamiento o gastos de inversión; según la información por inversión se contrató $1,158 billones, que corresponden a un 60%, seguida de gastos por funcionamiento con un porcentaje de 22% por $418.831 millones; se destaca, en el reporte que sobre este tópico generan las entidades, la presencia de deficiencias e inconsistencias, al no reportar en forma correcta la información, encontrándose ítems que se relacionan como “Otro” y “en blanco” que representan el 18% de información reportada, que al no tener la clasificación correspondiente no permite realizar un análisis más real de la desagregación de contratación por grandes rubros.

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
En materia de contratación, lo más relevante tiene que ver con la contratación de prestación de servicios y la incidencia que ésta tiene en la política de formalización del empleo de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana Ya”.

Se concluye con preocupación, que de los 53.984 contratos suscritos por la Administración Distrital en el período evaluado, por valor de 1,9 billones de pesos, 45.236 contratos por un valor de $1,028 billones que equivalen al 53,7% respecto de la contratación total del Distrito, corresponden a Contratos de Prestación de Servicios en sus diferentes modalidades: Profesionales, Artísticos, Apoyo a la Gestión, Servicios asistenciales de salud y otras tipologías.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VS NÓMINA
Así mismo la Contraloría de Bogotá se pronuncia respecto al comportamiento que durante el primer semestre de 2012 ha tenido la contratación de servicios personales frente a la ejecución de la nómina:

– Para el Distrito Capital, entendido como tal la Administración Central, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y ESE, componente administrativo, el valor de los recursos ejecutados por contratación de servicios personales ($531.244 millones), supera al valor de la nómina ($349.008 millones) en un 51,21% que equivalen a $180.000 millones de pesos por encima del valor de la nómina

– Para el sector salud, ESEs, la situación es aún más dramática pues la ejecución de los gastos de su nómina operacional, $81.829 millones es superada en un excesivo 213% por la contratación de prestación servicios personales en sus diferentes modalidades, que se ubica en $256.557 millones, o sea $174.728 millones por encima de la nómina.

– Para el caso de Educación, aunque la contratación por prestación de servicios no supera el valor de la nómina, si equivale a un 47% de dicho valor, situación que de todas formas es del caso resaltar.

Aún si comparamos el valor total de la contratación de servicios $1.028.557 millones frente al valor de la nómina total ejecutada a Junio 30 de 2012, $892.898 millones, encontramos que la contratación de prestación servicios personales supera en un 15,2 % al valor general de la nómina, situación que muestra la utilización por parte de la administración de más de una nómina paralela que mimetiza con esta forma de contratación, la cual no se corresponde con los principios de la gestión fiscal y de la función pública y menos con la política de formalización del empleo a que apunta el plan de desarrollo “Bogotá Humana Ya”.

DEFICIENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA
Como se ha venido reiterando en este pronunciamiento, la Contraloría ve con preocupación la falta de rigurosidad con que las entidades Sujeto de Control realizan sus reportes de contratación en la rendición mensual de cuentas a través del SIVICOF, como se identifica, entre otras, para las siguientes situaciones:

– Inconsistencias identificadas en el reporte de tipo de gasto de contratación para 15.078 contratos de los 53.984 suscritos.
– Clasificación deficiente de 5.652 contratos reportados como otros servicios cuando corresponden a prestación de servicios.
– Reporte de 518 contratos como de prestación de servicios que al revisar su objeto obedecían a otra tipología de contratación como suministro.
– Reporte de 664 contratos que no registran el nombre o identificación del contratista.

Como se evidencia en las situaciones descritas, los sujetos de control no están rindiendo la cuenta de manera adecuada, hecho que conlleva a generar información inexacta, errores u obstrucción del ejercicio de control fiscal, contraviniendo presuntamente lo establecido en la Ley 42 de 1993, Artículo 101, Resoluciones Internas Nos. 13 y 28 de 2011 de la Contraloría, correspondiente a la Rendición de la Cuenta y de la obligatoriedad de rendir la información en forma inmediata y automática a la Contraloría de Bogotá, y de acuerdo a lo definido en los instructivos de diligenciamiento de los formatos y documentos que conforman la misma. Situación que conllevaría a la apertura de los correspondientes procesos sancionatorios fiscales, a aquellas entidades que han reportado la información con las inconsistencias identificadas.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano de Control Fiscal dejó en conocimiento de la Administración las situaciones antes descritas y estará atento a realizar el correspondiente seguimiento al ejercicio de la contratación en el Distrito Capital, y en consecuencia le solicitó al Alcalde Mayor que en un término no mayor de quince (15) días al recibo de la presente, sean informadas las medidas que serán adoptadas con relación a las situaciones descritas en el pronunciamiento.

CASOS RELEVANTES QUE LLAMAN LA ATENCIÓN
EN LA CONTRATACIÓN

Del análisis de la información de contratación reportada por las entidades sujetas de control a través del aplicativo SIVICOF, se identificaron algunas situaciones que pueden considerarse atípicas dentro del comportamiento general de la contratación, las cuales se enuncian a continuación:

CONCENTRACIÓN EN CONTRATACIÓN

Caso Juan Manuel Russy Escobar: Se evidenció que el contratista Juan Manuel Russy Escobar asesora jurídicamente a cuatro entidades del Distrito y para el efecto se suscribieron los siguientes contratos: FONCEP (2), Orquesta Filarmónica de Bogotá (2), Secretaría de Educación Distrital (1) y Caja de Vivienda Popular (1) por valor total de $236.6 millones que se ejecutan en forma simultánea durante el año 2012.

Caso Gustavo Rayo Morales: Se evidenció que el contratista Gustavo Rayo Morales, presta sus servicios profesionales a tres entidades del Distrito mediante la suscripción de 5 contratos de prestación de servicios: FOPAE (2), Secretaría Distrital de Integración Social (2) y Secretaría de Gobierno (1) para el período de febrero a noviembre de 2012, contratos por valor total de $137.9 millones.

CONTRATOS CON EL MISMO OBJETO EN SECRETARÍA GENERAL

Armando Mendez Torres y Dilberto Trujillo, cada uno por valor de $73.500.000 con plazo de ejecución de 10 MESES – 15 DIAS ($7.350.000 mes), con el mismo objeto contractual: “El Contratista se obliga para con la Secretaría General, a prestar sus servicios profesionales para asesorar al despacho del señor Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en las relaciones con el Congreso de la República, en la gestión de los proyectos de ley y proyectos de actos legislativos tramitados ante esa Corporación, así como los debates de control que allí se realizan”. El plazo de ejecución es el mismo y no se tuvo en cuenta el tiempo de receso del 20 de junio al 20 de junio para desarrollar las actividades.

River Franklin Legro Segura, por valor de $121.800.000 (10 meses – 15 días, valor mensual $12.000.000), cuyo objeto es “El Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales para coordinar las relaciones políticas del despacho del señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C. con el Congreso de la República en la gestión de los proyectos de ley y proyectos de acto legislativo tramitados en esta Corporación, así como los debates de control que allí se realicen”.

Como puede observarse, los tres contratos que contienen el mismo objeto y suscritos por el mismo período, suman $268.800.000

CONTRATO SIN CERTIFICAR IDONEIDAD DEL CONTRATISTA

Norma Constanza Osorio Villa: Tiene dos (2) contratos por valor de $72.000.000 (para períodos prácticamente continuos; en uno de ellos no es clara la idoneidad de la contratista quien acredita título de técnico intermedio profesional en ingeniería textil, perfil que no está relacionado directamente con el objeto y desarrollo del contrato en lo que tiene que ver con el apoyo técnico y financiero que debe proporcionar a los programas sociales que preste el Despacho.

Ana Teresa Bernal Montañez: Tiene un contrato por valor de $185.000.000 para 11 meses, en el cual no se evidencian parámetros y análisis técnico que sustenten la fijación del valor para la realización del objeto del mismo. Llama la atención a este organismo de control que se vincule a una persona no profesional, pues apenas acreditó 5º semestre de economía con unos honorarios de $ 16.800.000 al mes y el objeto se hizo consistir en asesorar al Sr. Alcalde en reparación a las víctimas.

OTRO TIPO DE SITUACIONES

Alberto José Merlano Alcocer: Contrato por $182.700.000 cuyo objeto es: “Asesor al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en temas relacionados con el fortalecimiento de la gestión pública, manejo de las relaciones laborales de la administración distrital y la articulación programática de las empresa de servicios público del Distrito Capital”; llama la atención que el contratista actualmente participa y es miembro de las Juntas Directivas de las Empresas Industriales y Comerciales de Bogotá: EAAB, EEB y ETB.

Vladimir Fernández Andrade: Contrato por valor de $216.000.000 para ejecutar en 12 meses cuyo objeto es: “Asesor al despacho del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en la labor de control y seguimiento en los diferentes temas de carácter jurídico en materia de Derecho Administrativo”. Vemos con preocupación las publicaciones de prensa del diario El Espectador, sobre una medida de aseguramiento en contra de este contratista.

CONTRATOS PERSONAS JURÍDICAS

Caso Rafael Antonio Salamanca: Se evidenció en la contratación suscrita durante el primer semestre de 2012 que el Distrito Capital celebró 45 contratos por el valor de $6.506 millones con el señor Rafael Antonio Salamanca, quien hizo uso de la figura de persona natural y de persona jurídica como DEPOSITO DE DROGAS BOYACA. El contratista fue reportado por las diferentes ESE con diversas tipologías y origen de los recursos, como inversión, funcionamiento y otros, hecho que llama la atención a este ente de control sobre la concentración de un mismo contratista para el suministro de medicamentos.
Igualmente se verificó el comportamiento de la contratación para esta persona en el mismo periodo del año 2011, encontrando que suscribió contratos por valor de $4.893 millones.

Caso Rafael Eduardo Arango Chavarriaga y/o Amarey Nova Medical S A
Durante el primer semestre de la vigencia en curso se encontró contratación por un valor de $4.046 millones, representados en 51 contratos de suministro de medicamentos y material hospitalario a través de la modalidad de contratación directa de menor cuantía en 6 hospitales

Caso Viviana Andrea Quintana Perea y/o QUINBERLAB LTDA: Durante el primer semestre de la vigencia en curso se encontró contratación por un valor de $3.109 millones, mediante 22 contratos de suministro de reactivos e insumos para laboratorio clínico, mediante diferentes modalidades de contratación directa.