La Ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño Soto, fue enfática en asegurar que, a la luz de los convenios suscritos por Colombia en el marco del sistema de las Naciones Unidas, el Estado no puede suministrar drogas ilícitas a sus ciudadanos.

Y advirtió que el Estado colombiano debe fortalecer sus programas de prevención del consumo de drogas, ya que específicamente se trata de un problema de salud pública y no de criminalización de los adictos.

Londoño sostuvo que el tema debe ser abordado y discutido en instancias internacionales, por lo que Colombia ya dio el primer paso al plantear el tema en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, celebrada durante el pasado mes de abril.

“El Gobierno Nacional ha fijado una posición muy clara desde el presidente Juan Manuel Santos, en que las personas consumidoras como las personas adictas deben ser tratadas y abordadas como un problema de salud pública”, dijo la Ministra de Salud y Protección Social.

También consideró que es importante aproximar los servicios de salud a los consumidores de ese tipo de sustancias. En ese sentido, explicó que está en desarrollo un programa de sustitución de heroína a través del suministro de metadona, medicamento incluido en el Plan Obligatorio de Salud.

Este programa es aplicado en hospitales de las ciudades de Armenia, Medellín y Cúcuta, y en los municipios de Filandia (Quindío) y Santander de Quilichao (Cauca).

Además, está en una fase piloto el suministro de kits con jeringas para los consumidores por vía intravenosa de heroína, como mecanismo para evitar el contagio de enfermedades como el VIH y la hepatitis.

La Ministra de Salud aseguró que no hay evidencias suficientes a nivel mundial para demostrar la efectividad del suministro de otras sustancias a los consumidores de drogas en el país.