El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en un oficio dirigido a Gustavo Petro, manifestó su profunda preocupación ante la propuesta de la creación de centros para drogadictos en Bogotá, y explicó las razones jurídicas, constitucionales y académicas de lo perjudicial de dicha propuesta.

Ordóñez además exigió a Petro adecuar sus políticas públicas al ordenamiento jurídico vigente, y agregó que su propuesta de crear zonas en donde se permitiera el consumo de estupefacientes y que las mismas fueran distribuidas gratuitamente a los adictos por las autoridades públicas, contradice lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, así como lo establecido en los artículos 375 y 376 del Código Penal, en la Ley 1566 de 2012 y en las Convenciones de las Naciones Unidas sobre la materia de 1961, 1971 y 1988, suscritas por Colombia.

El jefe del Ministerio Público expresó que “es claro que allí se reconoce que el adicto a las sustancias estupefacientes, o psicoactivas, es un enfermo, y se establecen una serie de obligaciones para el Estado, dirigidas exclusivamente a procurar su salud y prevenir de manera general el consumo de estas sustancias”.

Resaltó que la propuesta “independientemente de contar o no con el aval del Gobierno Nacional, carece de todo fundamento constitucional o legal, toda vez que supondrían instrumentalizar a los adictos/enfermos con propósitos distintos a procurar su salud, desnaturalizando los tratamientos de desintoxicación hasta el punto de permitir el consumo de la misma droga que los ha llevado al estado de adicción, y restringiendo gravemente la autonomía médica, al convertir a los profesionales de la medicina en simples ejecutores de la política criminal del Estado”.

Ordóñez Maldonado sugirió al Alcalde de Bogotá adoptar las medidas necesarias para que las autoridades controlen las zonas de la ciudad que en el momento están bajo la influencia y el dominio de las mafias dedicadas al micotráfico de estupefacientes, y le invitó a revisar algunos estudios y precedentes pertinentes que han demostrado la inconveniencia y el fracaso de este tipo de propuestas.