El ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, interpuso una demanda por 535 millones de pesos ante el Consejo de Estado, por los daños y perjuicios causados al ser destituido e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación.

Tras el fracaso de conciliación entre Arias y el Ministerio Público, el ex Ministro exige una indemnización “por daños emocionales, a la reputación suya y la de su familia”, sufridos por la sanción disciplinaria que le interpuso el Ministerio Público al inhabilitarlo por 16 años para ejercer cargos públicos.

Según Arias, «el derecho de defensa no se manifestó como plena oportunidad de ser oído, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y (la) evaluación de las que se estimaban como favorables, en un ánimo única y exclusivamente dirigido a probar lo desfavorable”, refiriéndose a la sanción disciplinaria que le impuso el procurador General, Alejandro Ordoñez.

Así mismo, se argumenta en la demanda que se desconoció el principio de dignidad humana cuando se juzga con subjetivismos y presunción de culpabilidad.

En la demanda se hace referencia al pago de 600 salarios mínimos indemnizatorios por el daño emocional al ex Ministro Arias; y 300 salarios para sus hijos y esposa.