La acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General, que buscaba revocar la decisión de libertad para Emilio Tapia, fue rechazada por el Tribunal Superior de Bogotá.

En este recurso, la Procuraduría insiste en que el Tribunal tiene como cometido la protección de los derechos fundamentales y las garantías de la sociedad, cuando considere que éstas han sido violadas.

En las pretensiones del Ministerio Público se indicaba que, debido a la seriedad del daño causado a la ciudad por las irregularidades en las obras, era necesario dejar en firme la medida de aseguramiento en contra del señor Tapia.

En la sentencia se advierte que el IDU «puede solicitar una nueva audiencia de medida de aseguramiento” contra el contratista por el carrusel de la contratación.