La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revoque el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Emilio José Tapia, que ordenó la medida de aseguramiento de detención preventiva.

El Ministerio Público consideró que se vulneraron los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso de la Procuraduría General de la Nación el pasado 26 de septiembre de 2012, cuando el Tribunal Superior de Bogotá, negó la acción de tutela interpuesta por el ente de control en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

En ese recurso, dicho juzgado decidió revocar el auto del Juzgado de Control de Garantías sin entrar a analizar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, sosteniendo que esta Entidad interviniente no podía hacer solicitudes relacionadas con medidas de aseguramiento.

Por su parte, la Procuraduría manifestó en su solicitud que difiere en que en la decisión accionada se configuraron las siguientes causales específicas de procedibilidad: un defecto procedimental absoluto, al transgredirse el artículo 29 de la Constitución Política en su subprincipio de contradicción; un defecto sustantivo por violación de norma sustantiva, al no aplicar al inciso final del artículo 277 de la Constitución Política; un defecto sustantivo por violación de un principio constitucional, al transgredirse el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, violación que impidió al Ministerio Público cumplir con sus funciones constitucionales y legales consagradas enla Carta Política y en el Código de Procedimiento Penal.

Emilio Tapia Aldana es uno de los procesados por el caso conocido como “carrusel” de la contratación en Bogotá.