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Santa Marta y Gobierno adelantan gestiones para traslado de cárcel

Virna Jonhson Salcedo, alcaldesa encargada de Santa Marta se reunió con Farid Benavides Vanegas, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa; para abordar las gestiones para agilizar la reubicación de la cárcel distrital.

Según la Administración de Santa Marta la cárcel Rodrigo de Bastidas es una acción fundamental para dar solución a los problemas de hacinamiento, salubridad y seguridad que se registran dentro y fuera de la actual infraestructura, en dónde se encuentran 1.020 reclusos.

Actualmente, una acción popular interpuesta por el abogado Diego López; ordena el traslado del centro penitenciario. En razón de ello la Alcaldía Distrital busca el apoyo del Ministerio de Justicia para agilizar los procesos que permitan la reubicación de la cárcel.

“Acordamos encontrar un lote en donde construir un establecimiento carcelario. Pero una medida de corto plazo a la que hemos llegado es desarrollar acciones que nos permitan liberar hacinamiento en los diferentes centros, en este caso en Santa Marta con la participación de la Procuraduría, la Defensoría, las universidades, los tribunales, los jueces de ejecución de penas y la idea es que en las regiones se lidere ese trabajo”, aseguró Farid Benavides Vanegas, Representante del Ministerio de Justicia.

El lote que deberá ser entregado por la Gobernación del Magdalena es el primer paso a seguir. Seguidamente se realizarán estudios técnicos y económicos de dicho terreno para tomar decisiones definitivas.

El ministerio de Justicia viene desarrollado un plan de infraestructura carcelaria, para construir seis megacárceles y ampliar cupos en los diferentes centros penitenciarios del país, para permitir a mediano y largo plazo, aliviar el hacinamiento.

En la reunión participaron también Eduardo Arteta, Secretario del Interior del Magdalena; Rafael Alejandro Martínez, Secretario de Gobierno del Distrito; Edilson Palacio Castañeda, Secretario Jurídico (e); Segundo Nel Saavedra, director de la cárcel Rodrigo de Bastidas y Diego López, abogado y gestor de la acción popular.