La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Jorge Enrique Téllez Páez, en su calidad de gerente general de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (EMPAS) para la época de los hechos, por posibles irregularidades de carácter contractual.

La decisión también cobija a los señores Martín Camilo Carvajal Camaro y Jairo Pinzón Barrera, en su calidad de gerentes suplentes y representantes legales de la citada empresa pública.

El Ministerio Público cuestiona al señor Téllez Páez porque suscribió 40 convenios administrativos con diferentes municipios de la región para desarrollar obras de acueducto y saneamiento básico en cada uno de los entes territoriales, “cuando en realidad la empresa de servicios públicos realizaba una simple labor de intermediación entre el municipio y el contratista, recibiendo dineros que eran girados por el primero y subcontratado con dichos recursos, bajo un régimen especial de selección de contratistas, a quienes ejecutarían las obras, consultorías e interventorías”.

De esta forma habría propiciado que las entidades territoriales eludieran los procedimientos de selección objetiva de contratistas que en derecho correspondía teniendo en cuenta el objeto y la cuantía de cada acuerdo de voluntades suscrito.

Al respecto considera el Ministerio Público que estos procesos contractuales debieron adelantarse directamente por los municipios sin necesidad de acudir a la intermediación de EMPAS.

Al igual que el señor Jorge Enrique Téllez, los señores Martín Camilo Carvajal Camaro y Jairo Pinzón Barrera habrían incurrido en la misma falta disciplinaria en su calidad de gerentes suplentes de la citada empresa pública.

De otra parte se investiga al señor Jorge Enrique Téllez Páez porque al parecer dividió el objeto de uno de los convenios, con el presunto propósito de adelantar contrataciones cerradas para eludir el proceso de competencia abierta estipulado en el Manual de Contratación de la EMPAS teniendo en cuenta la cuantía del contrato.

En consecuencia, el convenio se ejecutó a través de 7 contratos ninguno sobrepasando los 4.500 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigente para evitar la competencia abierta, cinco de los cuales fueron adjudicados al mismo contratista pero bajo distintos apelativos.