Jesús Yepes, abogado del contratista Emilio Tapia, manifestó que aún no se llega a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, pues consideran que el preacuerdo presentado por el Ente Acusador propone una “pena extralimitada”, refiriéndose a los 13 años que se le impondría.

“Esta pena no está contemplada dentro de la ley”, aseguró Yepes, quien pide que la condena se reduzca a 70 meses, es decir, alrededor de seis años de casa por cárcel.

Debido al disenso, la Fiscalía programará una audiencia de imputación de cargos contra el contratista, investigado por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en la contratación de obras para Bogotá.

Según el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, la negociación giró en torno de un preacuerdo y no de un principio de oportunidad.

Dijo también que la posición de la Fiscalía, para aceptar la colaboración del contratista, es la de partir de la pena máxima imponible que es de 13 años de prisión, así como de la reparación mediante la devolución del dinero.