El tribunal italiano condenó por homicidio involuntario a seis científicos y a un representante del Gobierno por no haber dado el aviso adecuado del terremoto que destruyó la ciudad de L’Aquila y dejó como saldo a 300 personas muertas en 2009.

Los siete miembros de un cuerpo oficial llamado Comisión Nacional para la Previsión y Prevención de Riesgos Mayores fueron culpados de negligencia y malas prácticas en su evaluación del peligro de un terremoto y en la obligación de mantener a la ciudad informada sobre los riesgos.

El caso ha sido condenado por órganos internacionales como la Unión Geofísica Americana, que se manifestó sobre “el riesgo de litigio puede disuadir a algunos científicos de asesorar a gobiernos o incluso trabajar para evaluar el riesgo sísmico”.

Un terremoto de 6,3 grados en la escala de richter sacudió a L’Aquila, en la región italiana de Abruzzo, el 6 de abril de 2009, dejando destrozos en gran cantidad de edificios, causando más de 1.000 heridos y matando a otros cientos mientras dormían.

La atención del caso se centra en que si los expertos designados por el Gobierno ofrecieron un cuadro demasiado tranquilizador de los riesgos a los que se enfrentaba la ciudad; pues tenía muchos edificios antiguos y que ya había sufrido parcialmente una destrucción por sismos en tres ocasiones en los últimos tiempos.

El caso se centró en particular en una serie de temblores de bajo nivel que afectaron a la región en los meses previos al terremoto y que, según los fiscales, debieron haber advertido a los expertos para no subestimar el riesgo de un sismo mayor.

A pesar de la sentencia a seis años de prisión, es poco probable que los científicos ingresen en prisión a la espera de un probable juicio de apelación.
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