El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en consideración al prolongado cese de actividades laborales que se presenta en la Rama Judicial y en la Fiscalía General de la Nación, reiteró su llamado a los funcionarios que persisten en la negativa de normalizar la prestación del servicio esencial de justicia, para que se restablezca dicho servicio.

El procurador General además exhortó a los funcionarios judiciales a tener en cuenta las acciones que los diferentes actores del Gobierno Nacional, funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, han adelantado para superar esta grave situación.

El llamado de Ordoñez se da luego de que los sindicatos de la Rama Judicial rechazarán la propuesta del Gobierno Nacional por un billón doscientos veinte mil millones de pesos ($1.220.000.000.000) para realizar la nivelación salarial a que tienen derecho los citados funcionarios.

Además expresó que es urgente cumplir el Acta de Acuerdo suscrito el 6 de noviembre de 2012 por los diferentes representantes del Gobierno, de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en el que se reconoció el derecho a los funcionarios de la Rama Judicial a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992. Los representantes del movimiento de protesta se comprometieron a reanudar la prestación del servicio a partir del día 7 de noviembre de 2012 y a recuperar el tiempo dejado de laborar con motivo de dicho cese. En el mismo documento se acordó conformar una Mesa Técnica paritaria para determinar la manera como se aplicará la nivelación pactada.

El Ministerio Público además señaló que se debe tener en cuenta que la administración de justicia es un servicio público esencial. La Constitución Política en el artículo 229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, por lo cual esta función pública fue catalogada como un servicio público permanente, de carácter esencial por la Ley 270 de 1996 en su artículo 125 y tiene como fin último el cumplimiento de los cometidos estatales asignados a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se requiere una pronta y decidida administración de justicia.

Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación previene a los diferentes funcionarios y empleados de la Rama Judicial y les exhorta a reanudar sus funciones Constitucionales y legales; al igual que les solicita que las diferencias se estudien en la Mesa Técnica conformada por el esfuerzo alcanzado en el acuerdo suscrito.