Aunque el Consejo Superior de la Judicatura advirtió a los empleados judiciales que se les descontarían los sueldos si no levantaban el paro judicial, la mayoría de los que participan de este manifestaron que continuará el cese de actividades.

“Luego del irregular acuerdo de ,22 billones anunciado, los empleados vimos que los porcentajes del reajuste serían muy por debajo del 80%, lo cual rechazado por la base sindical.
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El Gobierno debe mejorar su propuesta”, afirmó Vivian Benavides, vicepresidenta de Asonal Atlántico.

Los agremiados a Asonal Judicial exigen que se cumpla la nivelación salarial como lo ordenó la Ley 4 de 1992.
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Este lunes, el paro que adelantan los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General cumple 42 días, sin que las partes comprometidas logren un acuerdo efectivo para adelantar la nivelación salarial exigida por los protestantes.

Tras más de un mes de negociaciones y acercamientos, la Rama Judicial, dividida por sus sindicatos, no ha logrado pactar un acuerdo con el Gobierno Nacional; Mientras la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa presentó una propuesta de un billón 200 mil millones, una parte sindical ha solicitado alredor de 3 billones de pesos para adelantar la nivelación de sueldos pactada en la ley cuarta de 1992.

La mesa del sindicato de la Fiscalía y la Rama Judicial aseguraron que no fueron tenidos encuenta para firmar el acuerdo de nivelación salarial que según el Gobierno fue por el orden de un billón 220 mil millones de pesos, acuerdo en el que debieron estar presentes los 14 integrantes del sector sindical judicial, de los cuales 9 quedaron marginados de la firma con la ministra Correa.

Ante este panorama, Correa descartó que el gobierno nacional vaya a realizar nuevasnegociaciones con los sectores judiciales que decidieron continuar el paro y notificó, además, que no se pagarán sueldos a los funcionarios que se abstengan de laborar.

“Firmamos un acuerdo serio, razonable y fiscalmente sostenible con el representante de Asonal que aparece inscrito en Ministerio de Trabajo y con otros sectores que tenían representación como en la Fiscalía, los jueces y magistrados, el CTI”, afirmó la ministra.