Un grupo de organizaciones presentaron una queja disciplinaria en contra del procurador Alejandro Ordóñez ante la Corte Suprema de Justicia, por haber hecho nombramientos de forma irregular con el fin de obtener un beneficio. Adicional a ello presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

El grupo que presentó dicho recurso está compuesto por la Comisión Colombiana de Juristas, Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, Viva la Ciudadanía, Nuevo Arco Iris, Foro por Colombia y Manos Limpias Colombia.

Según la queja, el jefe del Ministerio Público habría incurrido en prevaricato por omisión y por acción; y tráfico de influencias por, presuntamente, nombrar y mantener en su cargo a familiares de magistrados, quienes hicieron parte de la Sala en la cual el nombre de Alejandro Ordóñez Maldonado fue postulado como su candidato a la terna para ser reelegido en la Procuraduría General.

«Es necesario investigar algunos nombramientos que habría hecho el actual Procurador para asegurar su reelección”, demostrando que el jefe de esta cartera fue en contra de lo que establece la Carta Magna de Colombia.

También se señala que Ordóñez Maldonado incurrió en el tráfico de influencias al hacer dichos nombramientos con el fin de «obtener beneficios de parte de otros servidores públicos en asuntos que se encuentran conociendo o van a conocer».

En uno de los apartes del documento se precisa que “los artículos de prensa indican que estos nombramientos habrían sido utilizados para favorecer a senadores y senadoras con el objeto de que éstos, a cambio, presuntamente, favorezcan a Alejandro Ordóñez en un asunto que han de conocer”.

Igualmente se muestra que el Jefe del Ministerio Público incurrió en prevaricato por acción, puesto que la Constitución Política le prohíbe “nombrar en la Procuraduría a personas que fueran familiares de servidores públicos competentes para intervenir en su designación”.

En el final del escrito se manifiesta que cometió prevaricato por omisión al “haberse abstenido de remover de sus respectivos cargos de libre nombramiento” y remoción a funcionarios de la Procuraduría que tenían vínculos familiares con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.