Con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, fue afectado el soldado profesional Andrés de Jesús Jiménez Rico como presunto responsable del homicidio agravado de Laureano Bonivento Uriana, miembro de la etnia wayúu.

La decisión fue adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH que investiga los hechos ocurridos el 12 de septiembre de 2002. En esa fecha una patrulla del Batallón de Infantería Mecanizada No.6 recorría la ranchería Pasajera, en jurisdicción de Riohacha (Guajira), y el hoy sindicado disparó su fusil en contra de la víctima, que supuestamente pretendía atacarlo con una escopeta.

El fiscal del caso se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento a otros cuatro militares procesados por el delito de favorecimiento.