«Encontramos un pueblo fantasma y varias comunidades negras desplazadas de sus territorios, durante la visita humanitaria que realizó la Defensoría del Pueblo, en la que comprobamos que 903 personas de los corregimientos de Togoromá, Pichimá Charambirá y Venado hoy se encuentran en alojamientos temporales en Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan en Chocó”.

Así lo informó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, a la llegada de la misión humanitaria encabezada por el director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, y que contó con el acompañamiento de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que viajó a la zona para verificar la situación real de la población que fue forzada a desplazarse por cuenta de los combates que libran ‘Los rastrojos’ y ‘Los urabeños’ por el control territorial de la región.

La misión corroboró que de los 903 habitantes que han sido censados por la Personería del municipio un total de 403 son niños, niñas y jóvenes, quienes se encuentran ubicados en cinco lugares adaptados como albergues temporales, por cuenta de la administración municipal.

Para enfrentar la difícil situación de la población desplazada, el Defensor del Pueblo presentó un informe de riesgo de inminencia sobre el municipio del Litoral del San Juan y le solicitó al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, convocar y presidir un consejo de seguridad en el municipio, con presencia de la Directora Nacional de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, Paula Gaviria.

De la misma forma, Otálora Gómez le pidió al Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, promover las acciones de prevención y protección con enfoque étnico diferencial y convocar de manera urgente a una reunión descentralizada de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) en el municipio del Bajo Baudó, para analizar la problemática de conflicto armado en la región del Baudó y del San Juan chocoano.

Adicionalmente, instó al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Diego Molano, para que brinde atención urgente, adecuada y diferencial a la población infantil desplazada. Por último, conminó al gobernador del Chocó, Hugo Arley Tovar, a convocar una reunión del Comité Departamental de Justicia Transicional para analizar la situación y adoptar las medidas pertinentes para la atención de las víctimas que hasta ahora solo ha provenido de la alcaldía municipal.

Luego de los hechos denunciados por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el Vicepresidente de la República hace un nuevo llamado a las autoridades civiles, militares y de policía para intervenir frente a la grave situación de desplazamiento de población afrodescendiente e indígena en el departamento del Chocó, porque es un caso violatorio de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

No es posible que ante estas graves denuncias estemos dejando de lado los derechos de ésta población que se encuentra en peligro. La guerra entre las bandas criminales de Los Rastrojos y Los Urabeños, que se disputan el control de varios corregimientos, deja una cifra lamentable de 903 personas desplazadas, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes que nada tienen que ver en este drama, es una emergencia humanitaria, afirmó el Vicepresidente tras conocer el comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo.

Así mismo, reiteró que los derechos de los niños y niñas priman sobre los demás y que los Alcaldes y Gobernadores deben incluir en sus planes de desarrollo, conforme lo establece la Ley de Infancia y Adolescencia, políticas especiales que garanticen la vida e integridad física, moral y psicológica de los menores de edad.

El Vicepresidente le pide a la población que no tema en denunciar, ante las exigencias que hacen estas bandas criminales no hay porque doblegarse ni acostumbrarse. Aseguró que es una situación muy dolorosa que además implica graves situaciones sanitarias por el hacinamiento de las personas en los albergues. El Vicepresidente recalcó una vez más que no nos podemos volver prisioneros del miedo que nos quieren imponer los grupos armados ilegales.

Finalizó diciendo que el Gobierno no retrocederá en su política y que por el contrario va a ser más duro con los victimarios. Por eso, hizo un llamado a las autoridades para que contrarresten a las bandas criminales que se disputan el territorio, y pidió, tanto a la justicia civil mostrar prontos resultados sobre las investigaciones que se adelantan, como a las autoridades Militares y de Policía redoblar las acciones contra las actividades criminales de los grupos armados ilegales.