Judicial

Cargos para dueños de pirámide que habrían engañado a mandos militares

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Un médico y su esposa que habrían engañado a miembros de la Fuerza Pública a través de una pirámide recibieron imputación de cargos de parte de la Fiscalía por haber recaudado dineros ilícitamente.

De acuerdo con la Fiscalía 63 Seccional de Bogotá, adscrita a la Unidad del Orden Económico y Social, la firma Ase Com Ltda recaudó de ilegalmente 4.605 millones de pesos entre 2008 y 2010.

Entre las víctimas de las falsas promesas de pagos hasta del 10 por ciento de interés se registran militares de la Fuerza Aérea Colombiana, familiares de magistrados, médicos y abogados. En este proceso, 157 personas serían las víctimas, de las cuales 57 interpusieron la denuncia respectiva.

La determinación de la Fiscalía afectó al médico Jaime Alberto Araujo Palomino y su a esposa, la odontóloga Sandra Patricia González Mora, como presuntos responsables de captación masiva y habitual indebida de dinero agravada y estafa agravada en delito masa, que contempla penas mínimas de 8 años de prisión.

Según entrevistas obtenidas por el ente acusador y elementos materiales probatorios, los procesados se presentaban en lujosos vehículos de alta gama para dar seguridad y confianza a sus clientes.

Asimismo, soportaban el engaño con bienes raíces que no estaban a su nombre y resaltaban el supuesto parentesco con prestigiosas familias de la Costa que de acuerdo con las investigaciones no tienen lazos de consanguinidad.

De igual forma, prometían la participación de jugosas utilidades en la plataforma de inversiones de la firma Forex, con sede en Panamá, lo cual no era cierto. De otro lado, la Superintendencia Financiera desde febrero de 2010 emitió una alarma de ilegalidad de la captadora de dinero.

La Fiscalía cuenta con testimonios, correos electrónicos, copias de conciliaciones que prestan mérito ejecutivo e interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas. La pareja de esposos presuntos estafadores de esta pirámide fueron recluidos temporalmente en los calabozos de la antigua sede del DAS en Bogotá mientras que el Inpec decide su lugar de reclusión.