La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa señaló este jueves que el gobierno no intentó colgar el ‘mico’ legislativo que buscaba habilitar la excarcelación masiva de presos y que al parecer se fue en la reforma al Código Penitenciario que aprobó la Cámara de Representantes en segundo debate.

Correa señaló que “en la actualidad, tienen brazalete electrónico aquellas personas que han sido condenadas por un delito de 8 años de cárcel, y domiciliaria para un delito de 5 años de cárcel” y agregó que “el delito más severo, tiene brazalete que pueda andar por todas partes y el delito menos severo tiene prisión domiciliaria”.

Sostuvo que el objetivo del proyecto de ley “es unificar, en ocho años, tanto la prisión domiciliaria como el brazalete, porque dejan de ser medidas independientes”.

Señaló además que este artículo es claro en señalar que para la aplicación del beneficio se requiere cumplir con unos requisitos, entre los que se contempla el no ser reincidente y no tiene lugar cuando haya el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.

La Funcionaria indicó que la propuesta inicial del Gobierno era otorgar este beneficio para personas cuya pena mínima fuera menor a los 5 años. Subir el monto mínimo de la pena fue una medida tomada después de varios foros con autoridades regionales y tras la discusión del proyecto surtida en la Comisión Primera de la Cámara.

“Es un debate responsable donde se ha evidenciado el interés de todo el Estado en garantizar los derechos tanto de la ciudadanía como de la población privada de la libertad”, indicó Correa.