–La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley de reforma al Código Penitenciario y Carcelario, en el cual se fijó como límite para otorgar la “casa por cárcel” una condena máxima de cinco años y descartó la excarcelación de las personas mayores de 65 años.

La reclusión domiciliaria con brazalete electrónico será otorgado a aquellas personas que hayan sido condenadas por menos de cinco años y a delitos diferentes a los que contempla el artículo 22 de Código Penal, como son genocidio, trata de personas, desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir agravado y el hurto con violencia, entre otros.

La propuesta de excarcelación de las personas mayores de 65 años fue retirada bajo el argumento de que podría beneficiar a condenados como el exministro Alberto Santofimio Botero y a exmilitares implicados en desaparición forzosa, caso del Palacio de Justicia.

Otro punto destacado de la enmienda es la eliminación de la multa como condición para recobrar la libertad.

“Quien no pueda pagar la multa puede cambiarla por trabajo comunitario”, precisó la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, al celebrar la aprobación de la iniciativa.

La ministra destacó como otro punto novedoso de la enmienda, que pasa ahora a tercer debate en la Comisión Primera de Senado, la posibilidad de tener jueces de ejecución de penas al interior de la cárceles o que actúen a través de audiencia virtual.

Sin embargo, aclaró que los jueces estarán en los centros de reclusión en la medida en que lo permita la infraestructura del establecimiento.

Añadió que por lo pronto, el Ministerio deberá analizar en qué cárceles del país hay espacio para instalar a los jueces de ejecución de penas y luego deberán hablar con el Concejo Superior de la Judicatura para que provea dichos cargos.

En la reforma se fijaron normas en torno a los permisos para los periodistas que pretendan entrevistar a los sindicados.

Para otorgarlos se deberá tener en cuenta que el entrevistado “no represente un peligro para el juicio y para la decisión que deba tomarse», e igualmente se deberá «tener en cuenta el efecto sobre las presuntas víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la seguridad nacional y la seguridad del establecimiento, todo esto con el consentimiento del interno».

La Cámara descartó del articulado la propuesta gubernamental sobre la privatización de la guardia de los penales.

Al respecto, la ministra anuncio que el gobierno insistirá sobre este punto en el debate en el Senado.

“Eso nos preocupa infinitamente, algunos han salido por corrupción, ¿Hasta dónde vamos a tener que seguir amarrados a este tipo de situaciones? Por esa razón en el Senado insistiremos en la posibilidad de que, para cuando sea necesario se pueda contratar vigilancia privada”, señaló la Ministra.