El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y Distrital para que adopten medidas inmediatas con el fin de prevenir actos violentos contra defensores de derechos humanos que desarrollan su labor en la capital del país.

La solicitud se da luego de que el ente de control emitiera un informe que advierte sobre la existencia de amenazas en contra de la población civil derivadas de la presencia de actores armados ilegales en Bogotá.

El informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo hace referencia a líderes sociales, comunitarios, universitarios, docentes, afrodescendientes, de población indígena y desplazada, y de procesos de restitución de tierras; así como abogados y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres y población LGBTI. Así mismo, de líderes colectivos de teatro y grupos culturales, investigadores sociales, periodistas, líderes de población desplazada, y servidores públicos que ejercen funciones de protección y defensa de los derechos humanos.

El escenario de riesgo de violaciones a los DDHH en contra de este grupo de personas está determinado por las amenazas generadas debido a la presencia y actuación de grupos armados post desmovilización de las AUC (Águilas Negras y Rastrojos), quienes argumentan su accionar por el supuesto vínculo de estos ciudadanos con la guerrilla.

El informe también da cuenta de la forma de violencia en que operan estos grupos ilegales: amenazas de muerte, intimidación a través de correos electrónicos, panfletos, violación de la privacidad de medios electrónicos, seguimiento y hostigamiento a las personas señaladas en riesgo. Como consecuencia de estas acciones, ya se han evidenciado consecuencias como desplazamientos individuales y situaciones de ruptura en el tejido familiar.

El documento ya se encuentra en manos de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, quien deberá orientar y encabezar la respuesta estatal con respecto a la amenaza descrita en el informe. La Defensoría del Pueblo espera que dicha comisión le recomiende al titular de esta cartera que decrete la Alerta Temprana con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la población en riesgo.