Ninguna solución a corto plazo se vislumbra para la grave situación social y de orden público que se registra en el Catatumbo. En las conversaciones celebradas ayer, que se prolongaron mas de seis horas, apenas se definió la metodología para las negociaciones, que contempla la instalación de una serie de “mesas” temáticas para debatir en forma separada cada una de las peticiones formuladas por los campesinos.

Además, los promotores de la protesta, que comenzó hace 19 días cuando el Gobierno ordenó la erradicación de los cultivos ilícitos, notificaron que mientras no haya acuerdos, se mantendrán los bloqueos viales en la región.

La víspera se realizó «la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA)», en la que los campesinos leyeron un documento en el que condensaron 10 puntos que, aseguraron, deben ser tratados durante las deliberaciones de las mesas temáticas.

Para el desarrollo de estas conversaciones, la representación del gobierno deberá dividirse para cubrir todos los frentes.

El quipo gubernamental está integrado por el Alto Consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón; el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán; los viceministros del Interior, Carlos Eduardo Gechem y de Trabajo Jesús Noé Ríos; el Alto Consejero para las Regiones, Juan Carlos Mira; el director nacional del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mcmaster, y la directora de Incoder, Miriam Villegas.

La comitiva de las autoridades de Norte de Santander está encabezada por el gobernador, Edgar Jesús Díaz Contreras; la secretaria de Gobierno, Nohora Oliveros; el secretario de Planeación, Cristian Buitrago y la Defensora Regional del Pueblo, Carmen Ligia Galvis.

En todo caso, unos 7.000 labriegos continúan taponando las vías principales que comunican a Tibú y a Ocaña con la capital del departamento.

Los bloqueos obligaron a las autoridades de Tibú, donde precisamente se realizan los diálogos, a declarar el estado de emergencia social y humanitaria, debido al desabastecimiento de alimentos que registra en el municipio.

La emergencia fue decretada por 30 días, lapso durante el cual la alcaldía adoptará acciones orientadas a la gestión de recursos y ayudas internacionales, nacionales, departamentales y locales, para suplir las necesidades de la población.

El alcalde local, Gustavo León Becerra advirtió que 17 mil habitantes del área urbana y toda la comunidad de La Gabarra y Pacelli está afectada por la protesta campesina. «No se han podido abastecer de alimentos, porque no hay forma de movilidad”, precisó.

El bloqueo también está provocando una grave situación sanitaria, porque las basuras que producen los habitantes del casco urbano no se han podido llevar al sitio adecuado para su disposición final.

Frente a la segunda jornada de negociaciones, el consejero presidencial Luis Eduardo Garzón dijo: “Nuestra disposición no es solamente responder las expectativas de los campesinos que bloquean las carreteras sino también la de 160.000 habitantes de la región del Catatumbo que hoy son víctimas de la movilización y los bloqueos. Venimos con todo el tiempo disponible para dar soluciones”.

El pliego de peticiones de los campesinos del Catatumbo, contempla los siguientes puntos:

1 Respetar las intervenciones entre el campesino y el Go-bierno, a través de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA).

2 La declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, con la que los labriegos esperan obtener un sustento igualitario y no explotado para sus familias.

3 Definir la ruta de financiación para el inicio de la ejecución de los proyectos productivos del Plan de Desarrollo de Reserva Campesina.

4 La suspensión inmediata de la erradicación de cultivos e implementación del programa de sustitución de plantaciones.

5 La obtención de un subsidio de $1’500.000 por dos años seguidos para las familias que viven de la siembra de la coca o mientras que se implementan los proyectos productivos.

6 La suspensión de las políticas y planes mine-roenergeticos en esta zona del Catatumbo.

7 La eliminación de la política del Plan de Consolidación en el territorio de la Zona de Reserva Campesina.

8 Respeto, protección y pro-moción de los Derechos Humanos, así como el recono-cimiento político y civil de As-camcat por parte del Gobierno Nacional.

9 Investigaciones exhaustivas a las violaciones de Derechos Humanos en la zona.

10 Inversiones en el su-ministro de gas, agua potable, electrificación, pavi-mentación de la vía entre Cúcuta y Tibú y la construcción de un hospital de tercer nivel y una universidad