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Procuraduría pone la lupa en otorgamiento de espacios en el Canal Uno

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La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva, está realizando control de gestión al contrato interadministrativo 048 de 2013 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que tiene como objeto, entre otras, la valoración de los escenarios para nuevas concesiones para otorgar el derecho a utilizar y explotar los espacio de televisión del canal nacional de operación pública, Canal Uno.

Teniendo en cuenta la importancia del servicio de televisión pública en el país, el Ministerio Público ha requerido a la ANTV para que informe, de acuerdo con los productos entregados por la Universidad Nacional, las determinaciones que va a tomar en relación con la operación pública de los espacios concesionados del Canal Uno; así mismo, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2013 vence la licencia que les fue otorgada a los operadores privados, se instó a dicha entidad para que se tomen las decisiones oportunas y ajustadas al marco regulatorio vigente, en aras de evitar una afectación a la continuidad de la prestación del servicio público de televisión.

Como respuesta a la acción preventiva la ANTV informó que, con base al estudio y recomendaciones hechas por la Universidad Nacional de Colombia, la Junta Nacional de Televisión decidió realizar una licitación para la concesión de los espacios de televisión del Canal Uno. Sin embargo, dicha licitación solo se abrirá hasta cuando se diluciden algunas variables que afectarían la determinación en el valor de dichos espacios.

De esta forma la ANTV analizará la posibilidad de ampliar el término de los contratos vigentes con los actuales operadores en las mismas condiciones en que se vienen ejecutando desde el año 2003 o que Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) asuma los espacios de televisión del Canal Uno.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública seguirá realizando el control de gestión hasta tanto se adopten las medidas para proteger la prestación del servicio público y garantizar, entre otras, el acceso, pluralismo, la competencia, calidad y la eficiencia en el servicio.