El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, llamó la atención a quienes se muestran a favor y en contra de la declaratoria de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2012, mejor conocido como marco jurídico para la paz, para que no sigan polarizando a la opinión pública.

“No es correcto ni deseable que los colombianos nos dividamos entre los amigos y los enemigos de la paz, se trata de un falso dilema”, advirtió.

Durante una audiencia pública ante la Corte Constitucional, en la que también intervinieron el Presidente de la República, Juan Manuel Santos; el Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo; el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; el Fiscal General, Eduardo Montealegre, entre otros, el Defensor del Pueblo le solicitó a la Corte que declare la constitucionalidad de dicho acto legislativo.

“Todos los colombianos somos amigos de la paz, deseamos una solución al conflicto. Que haya discrepancias en aspectos de trámite no debe hacernos perder el norte. La vigencia plena de los derechos de los colombianos solo será posible si cesa el conflicto interno, en sus distintas variantes”, destacó el Defensor.

Al recoger lo mejor de las dos posiciones argumentativas, la Defensoría del Pueblo considera que en el contexto de un proceso de justicia transicional, es constitucionalmente razonable que se implementen criterios de priorización y selección de casos. Esto es resultado de la ponderación que puede realizarse en un contexto político que pretende la superación del conflicto, entre la necesidad de alcanzar la paz y los derechos de las víctimas.

Según Otálora Gómez, “es importante que se aclare además que los criterios de priorización y selección de casos deben ser públicos y transparentes de modo que puedan ser sometidos a la revisión y al escrutinio por parte de la sociedad, como una forma de otorgarle legitimidad al proceso”, agregó.

Al finalizar su intervención ante la Corte, el Defensor del Pueblo destacó que “la sociedad colombiana no puede tener una actitud pasiva frente al conflicto, por ello debemos buscar los mecanismos jurídicos y políticos que permitan la reconciliación. Esto es y debe ser posible dentro del respeto de los derechos de las víctimas”. “El derecho sirve para prevenir y resolver los conflictos, por lo tanto cómo podríamos entender que lo utilizaríamos para perpetuar un conflicto y cómo se lo explicaríamos a la sociedad”, puntualizó.