–Con 17 votos a favor y 12 en contra podría decirse que terminó el primer gran debate sobre el “Marco Jurídico para la Paz” realizado la víspera, aunque la verdadera votación, que determinará si se mantiene o se hunde, la realizará la sala plena de la Corte Constitucional en sesión prevista para el próximo mes de agosto.

Fueron 29 personajes los que intervinieron en la audiencia convocada por la Corte– que se prolongó por 12 horas–y de ellos 17 la defendieron, mientras los 12 restantes la rechazaron y pidieron al alto tribunal declararla inconstitucional.

Los votos que se produjeron favor de la norma los encabezó el presidente Juan Manuel Santos, seguido del Fiscal General Eduardo Montealegre y el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, mientras que los votos en contra los lideró el procurador general Alejandro Ordoñez, secundado por dirigentes de organizaciones internacionales como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch y el Alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia, Tom Howland, entre otros.

El presidente Santos, en una vehemente defensa del Marco Juridico para la paz, advirtió que «se trata de establecer un marco constitucional que nos permita poner en marcha una estrategia integral de justicia transicional que garantice la satisfacción de los derechos de las víctimas y el logro de la transición hacia la paz.

«Este modelo -agregó- es todo lo contrario de lo que alegan nuestros opositores. No sólo NO abre espacios a la impunidad, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado. Esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado».

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el fiscal General, Eduardo Montealegre, volvieron a confrontar posiciones. El primero reiteró que el marco juridico es un mecanismo de impunidad, pues el Estado esta renunciando a la persecución de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, por lo cual pidió a la Corte Constuticional tumbar la norma.

«Al seleccionar los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios cometidos sistemáticamente y renunciando a la persecución judicial de los delitos no seleccionados, está generando impunidad, porque hay un sinnúmero de conductas cometidos que no necesariamente son bajo las circunstancias de sistematicidad”, advirtió el procurador.

Montealegre, en cambio, exhortó a la Corte a avalar el Marco sobre la siguiente reflexión:

“La pregunta que debería hacerse la Corte es si es preferible que repitamos más de 200 mil muertos en otros cincuenta años de conflicto o que restrinjamos un poco algunos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos más».

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el magistrado Leonidas Bustos, pidió a la Corte declarar ajustado a la Carta Magna la propuesta, tras considerar el marco juridico como “un inicio responsable y serio que reafirma el precepto constitucional de la paz”.

El Alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia, Tom Howland, advirtió que el marco jurídico transitorio no es garantía de solución en el caso de los afectados por el conflicto armado ya que actualmente existen en el país una serie de marcos legales con objetivos distintos que no están articulados.

Howland indicó que uno de los factores que impide vislumbrar si el marco jurídico será una acción positiva es que “hay una mezcla de marcos legales y no todos están articulados» por lo que la Corte Constitucional debe considerarlos.

Explicó que unos de los puntos a considerar es la diferencia entre el derecho de paz y desarrollo, y el derecho de justicia. «El primero es general y el otro individual (…) el objetivo es crear un mecanismo que pueda involucrar a todos» por igual.

El representante de la ONU informó que existe muy poco material sobre cómo abordar los temas que impliquen el reconocimiento de la verdad, la aplicación de la justica, la reparación, la garantia de los derechos; tras hacer referencia a que la organización que representa solo ha presentado un informe desde que se nombró al primer ralator especial en el asunto

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, reiteró lo que ha venido señalando de tiempo atrás, que el marco juridico es contrario a algunas obligaciones internacionales suscritas por Colombia en materia de Derechos Humanos y quela medida permitiría que responsables de atrocidades e incluso las más graves violaciones de los derechos humanos eludan la investigación penal y su juzgamiento.

También permitiría a operadores de justicia renunciar a la investigación penal y al juzgamiento de guerrilleros, paramilitares y militares responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros graves abusos.

La renuncia de la investigación de casos para centrarse en máximos responsables va en contravía de las disposiciones que dictan la prohibición de dar amnistías o perdones a violadores de derechos humanos especialmente cuando se trata de violencia sexual, precisó.

La directora de la Fundación País Libre, Clara Rojas, no se declaró en contra de un Marco para la Paz en sí mismo, sino de un Marco que no tiene en cuenta a las víctimas y preguntó:

“¿Quiénes son los máximos responsables? No son máximos responsables también aquellos que apretaron los gatillos en contra de la población, secuestraron, desaparecieron forzadamente a miles y hasta millones víctimas del conflicto».

Además cuestionó: «Bajo qué criterios se puede decir que la verdad, la justicia y la reparación de garantizan juzgando al comandante y dejando libre al denominado autor material o viceversa. ¿Cómo se garantizaría los derechos juzgando sólo al autor material y dejando libre a quien ordenó el crimen'».

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, afirmó que el Marco Jurídico para la Paz fue aprobado de manera impecable y apegado a la ley, y por eso debe ser declarado constitucional.

«Ni este, ni ningún país del mundo podrá investigar y sancionar todos los crímenes cometidos en esta guerra de 50 años. La priorización y la selección son principios indispensables para garantizar que no haya impunidad para las víctimas y asegurar que no se repitan los hechos», dijo el congresista al sustentar la conveniencia del marco juridico.

Cristo se presentó ante la Corte como Presidente del Congreso Colombiano, pero también como víctima de la guerrilla que asesinó a su padre y puso este hecho como ejemplo de la importancia que tiene para los colombianos víctimas del conflicto recibir justicia, verdad y reparación.

«… a mi padre lo asesinaron hace 16 años y no tengo hasta hoy ni verdad, ni justicia, ni reparación, y si no hay proceso con el ELN seguramente jamás los tendré. Con un proceso de paz exitoso espero tener mucho de verdad, solicitud de perdón y algo de justicia», concluyó.