Un juzgado de Villavicencioaseguró a los esposos Rigoberto Barrera Giraldo y Claudia Patricia Morales Vargas, como presuntos coautores de los delitos de amenazas, contaminación ambiental y perturbación síquica.

La decisión se deriva de lo ocurrido en la madrugada del 28 de septiembre de 2012 en el barrio Hacaritama de la capital del Meta, donde un vecino le reclamó a la pareja por el consumo de licor y el alto volumen de la música proveniente desde el vehículo de propiedad de Barrera y Morales.

Según el Fiscal a cargo del caso, los procesados deberían acudir a discotecas o sitios de diversión adecuados para los fines recreativos; ya que cuando los vecinos se quejaron ante la estación de Policía, los patrulleros fueron agredidos verbalmente por los asegurados, quienes les hacían falsos señalamientos de recibir dádivas por parte de los denunciantes.

Ante el continuo irrespeto a la autoridad, la negligencia para acudir a las citaciones de la inspección de Policía, el desconocimiento de la autoridad, las agresiones y los escándalos, además de hacer públicas las amenazas de que ‘le iban a dar tiros’ a sus vecinos, la Fiscalía consideró que hubo una afectación en la calidad de vida de los propietarios de predios contiguos, puesto que se generó temor entre las víctimas para llegar a sus viviendas, luego de la jornada de trabajo.

Dentro del proceso, la Fiscalía ordenó la práctica de exámenes a través de Medicina Legal que determinaron la ansiedad y los estados de depresión generados por esa situación de insultos y amenazas permanentes, que obligó a la víctima a enviar a sus hijos a estudiar en otra ciudad y vender su vehículo, debido a la manera en que los hoy procesados lo provocaban obstruyéndole el paso al garaje de su casa.

Al término de la audiencia de imputación los esposos no aceptaron los cargos endilgados y la medida se aseguramiento no privativa de la libertad consiste en la suscripción de diligencias de compromiso, para presentarse ante el Juez cuando sean requeridos, además comportar buena conducta individual, familiar y social, con la advertencia de que si incurren nuevamente en ese tipo de conductas, la medida sería revocada y enviados a la cárcel.