-La tutela sigue siendo el instrumento judicial por excelencia para obligar a las EPS a prestar los servicios de salud en el país, según lo advirtió la Defensoría del Pueblo que estableció que durante el primer semestre del año se interpusieron 222.840 tutelas, de las cuales 56.500 para invocar el derecho a la salud, lo que representa un promedio de 9.500 tutelas mensuales por este concepto.

Por estas razones, la Defensoría del Pueblo advirtió que la acción de tutela no se le debe imponer límites ni hacerle modificaciones, toda vez que es el instrumento más expedito y el más utilizado por los ciudadanos cuando consideran que se les están vulnerando sus derechos.

En la presentación de un informe titulado ‘La tutela y el derecho a la salud 2012’, Norberto Acosta, Delegado para la Salud y la Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo, señaló que entre 1992 y 2012 se interpusieron 3.745.857 acciones de tutelas y que en el último año se presentaron 424.400, la cifra más alta desde la creación del instrumento, con un crecimiento anual promedio de 4,70%.

Por regiones, los departamentos de Antioquia y Valle y la ciudad de Bogotá continúan siendo los lugares donde más se interponen recursos de tutelas por vulneraciones al derecho a la salud, la cuales representan cerca del 54% del total nacional.

De otro lado, Coomeva, Nueva EPS y SaludCoop son las EPS del régimen contributivo contra las que se interpone el mayor número de tutelas; mientras que Caprecom es la EPS-S más tutelada en el régimen subsidiado.

Acosta destacó que el mayor número de acciones de tutelas en el POS se presentaron por la negación de tratamientos (37%), citas especializadas (19%), cirugías (13%), imágenes diagnósticas (10%), medicamentos (9%), exámenes (8%) y prótesis (3%).

Según el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, “resulta preocupante que 7 de cada 10 solicitudes de tutela que invocan el derecho a la salud son para reclamar lo que ya está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que las EPS deberían suministrar sin disculpas”.

Por su parte, el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, resaltó el estudio elaborado por un equipo interdisciplinario de la Delegada para la Salud y la Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo ya que dijo que además de ser una investigación emblemática de la entidad y un referente obligado para los actores del sistema, constituye una herramienta que ofrece la oportunidad de discutir los problemas del sector.

En efecto, Gaviria destacó las recomendaciones que hace el informe de la Defensoría frente al hecho de fijar más categorías para el pago de cuotas moderadoras y copagos. De la misma forma, hacer extensiva la exoneración de cuotas copagos a los vinculados. “Desde el punto de vista de política pública es un avance en la equidad”, destacó el ministro.

“Uno de los datos más interesantes del informe de la Defensoría resulta de analizar las tutelas por cada 10.000 afiliados a las EPS, ya que muestra que las 15 entidades que registran más tutelas actualmente se encuentran intervenidas o liquidadas”, afirmó.

Al mismo tiempo el Ministro Gaviria recordó que entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud se construyó un ranking de calidad las de EPS con un enfoque de derechos (http://www.defensoria.org.co/eps/) que permite hacer un seguimiento de dichas entidades y un análisis más completo del sistema.

El informe de la Defensoría del Pueblo plasmado en un libro de 247 páginas, aborda los aspectos de protección del derecho fundamental a la salud, que incluye varios criterios decisorios adoptados por la Corte Constitucional en 2012.

En segunda instancia, presenta los resultados del análisis de las tutelas interpuestas en Colombia durante el mismo periodo, con énfasis en aquellas que invocaron el derecho a la salud. Y, tercero, incorpora el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, a la información reportada por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), respecto a negaciones de servicios en salud, en cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-760 de 2008.

El derecho a la salud aparece en el segundo lugar de los más invocados en el país, con un 26,94%, después del derecho de petición que representa el 44,94%. Y le siguen otros derechos económicos sociales y culturales, con el 15,06%.

En el 76,45% de los casos, las tutelas se dirigieron contra las EPS que administran los regímenes contributivo y subsidiado, ya sea de manera conjunta o separada. En segundo lugar aparecen los entes territoriales, que comprenden secretarías de salud municipales o departamentales, gobernaciones y alcaldías municipales con el 9,9% que, en relación con el año anterior, presentaron una disminución del 21,49%. Adicionalmente, hay que resaltar el incremento del 38,48% de las tutelas en salud interpuestas en contra del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).