–Simultáneamente al la primera reunión del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, convocado por el presidente Juan Manuel Santos, pequeños y medianos cultivadores celebraron un encuentro en la capital de la república, en el cual rechazaron ese acuerdo presidencial y notificaron que «el paro nacional agrario y popular continua y que se espera que el gobierno cumpla con lo pactado y se siente seriamente a trabajar sobre los puntos expuestos en los pliegos nacionales de petición”.

La cumbre campesina fue promovida por la llamada «Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – (MIA – y contó con la participación del Representante a la Cámara Iván Cepeda, la Senadora Gloria Inés Ramírez y el Representante a la circunscripción indígena Hernando Hernández Tapasco.

Según lo indicaron los líderes campesinos, «un pacto nacional agrario no se puede hacer entre empresarios y gobierno» y por ello rechazaron el realizado por el presidente Santos.

En una declaración que emitieron tras el encuentro, indicaron que «la firma de un acuerdo entre la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gobierno en cabeza de Angelino Garzón, inauguró –desde el punto de vista de los medios de comunicación ofíciales– el fin del Paro Nacional Agropecuario y Popular iniciado el pasado 19 de agosto, ya que el vicepresidente junto con los gobernadores participes en el encuentro de Popayán, garantizaron que el campesinado despejara las vías.

«Lamentablemente –agregan– la realidad dice lo contrario. Los campesinos se mantienen en las orillas de las carreteras, esperando el cumplimiento del acuerdo logrado con Garzón: tras el despeje de las vías viene la instalación de una mesa entre la MIA y una comisión del alto gobierno. Por lo tanto, “estamos en asambleas permanentes, discutiendo todo el pliego de exigencias que tenemos para presentarle al gobierno nacional”.

Advirtieron que decidieron hacer su propio pacto, porque han sido “excluidos del desarrollo económico en el campo y del derecho de tener precios de sustentación y condiciones al menos medianamente favorables para nuestra vida”.

Según los voceros campesinos, el pacto convocado por el gobierno involucra «a la clase que ha generado la miseria, la pobreza, que ha despojado a todos los campesinos de sus tierras”, por lo que consideran «imposible que nosotros estemos en medio de semejantes actores que lo que esta haciendo es reestructurar sus posturas para impedir la reforma agraria, los cambios sociales que se reclaman y el derecho que tenemos los campesinos de conquistar para nosotros un mejor bienestar social”.

«El Pacto Nacional de Santos es una componenda de los gremios y élites terratenientes como lo fue el llamado “Pacto de Chicoral”, con el que se sepultó la posibilidad de Reforma Agraria en el país, y por supuesto no recoge ni reconoce las expresiones organizativas y propuestas del movimiento agrario y del campesinado movilizado» Mesa Nacional Agraria de Interlocución y Acuerdo -MIA-, puntualizaron.

Los labriegos insistieron en la necesidad de avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.

De igual manera, plantean derogar las leyes que han incentivado el despojo, legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios.

Además, el campesinado exigió nuevamente al Estado fijar precios de sustentación para la producción campesina y se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores.